El fútbol suele ser un espejo fiel del país que lo alberga, y el reflejo que hoy devuelve el Perú no podría ser más desalentador. La final de la Copa Libertadores 2025, programada para el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, pende de un hilo. La Conmebol evalúa seriamente cambiar la sede —otra vez— debido a la crisis política desatada tras la vacancia de Dina Boluarte y la cuestionada asunción del presidente interino José Jerí, un mandatario que llegó al poder con más sombras que respaldo. Si la historia se repite, la final podría volver a Buenos Aires, ese refugio al que acuden las confederaciones cuando el caos institucional latinoamericano se vuelve ingobernable.
La escena no es nueva: en 2019, Santiago ardía y Lima aparecía como la salvadora del continente. Hoy, el salvador se convierte en el problema. Los disturbios, las protestas de la Generación Z, la represión policial y la falta de legitimidad del nuevo gobierno pintan un escenario que ni los comunicados diplomáticos ni las sonrisas de la Federación Peruana de Fútbol pueden maquillar.
Mientras Universitario de Deportes, dueño del Monumental, asegura que “no ha recibido comunicación oficial”, el silencio de la Conmebol suena más fuerte que cualquier comunicado. En Asunción nadie quiere decirlo, pero todos lo saben: Lima perdió la confianza.
Y cómo no perderla. En menos de una década, el Perú ha pasado de ser el país que salvó la final continental a convertirse en el ejemplo de inestabilidad crónica. Cinco presidentes, vacancias en serie, corrupción institucionalizada, bandas criminales en ascenso y ahora un gobierno provisional que parece más improvisación que transición. Nadie quiere llevar una final continental a un país que no logra garantizar ni siquiera el orden en sus calles.
El fútbol, que debería ser un puente de unión, vuelve a ser víctima del desorden político. En vez de proyectar al país como un anfitrión moderno, organizado y confiable, lo expone como lo que lamentablemente somos: un territorio donde la pelota siempre tropieza con la política.
Y mientras José Jerí intenta convencernos de que el país está “en calma”, la Conmebol mide variables más reales: seguridad, imagen internacional y credibilidad institucional. Ninguna de las tres está en verde.
La posibilidad de que la final se juegue en el Más Monumental de Buenos Aires ya no es rumor, es plan de contingencia. Y con justa razón. Nadie en su sano juicio organiza un evento de 80 mil personas en un país con protestas diarias y ministros interinos. La “Gloria Eterna” se mudará de sede, pero la vergüenza quedará en casa.
Perú está a punto de perder algo más que un partido: está perdiendo su reputación. Porque cuando el fútbol desconfía de ti, es que ya lo hiciste todo mal. Las federaciones pueden fingir sorpresa, pero la culpa no es de la Conmebol, sino de la clase política que ha convertido cada crisis en rutina. La vacancia de Boluarte y el ascenso de Jerí no son un accidente: son el resultado de un país que no aprende y que normalizó el desorden como forma de gobierno.
Reflexión final
Desde La Caja Negra lo decimos sin metáforas: el fútbol no abandona al Perú; el Perú abandona al fútbol. No hay infraestructura que salve a un país que se cae a pedazos en lo institucional. Mientras en el continente se juega por la gloria, nosotros seguimos jugando al “ensayo y error” con nuestra democracia.
Si la final de la Libertadores se va a Buenos Aires, será solo una consecuencia natural. Porque un país sin estabilidad ni respeto por sus instituciones no puede aspirar a organizar una final… ni siquiera a jugar la suya.