El Perú se está convirtiendo, sin exagerar, en un laboratorio del terror cotidiano. No por ficción, sino por la expansión silenciosa —y ya estructural— del Tren de Aragua, esa maquinaria de extorsión que se alimenta de la ausencia del Estado, la complicidad política y la desesperanza social. Hoy, mientras las autoridades anuncian capturas en conferencias con tono triunfal, el crimen organizado avanza, cobra cupos, dispara a artistas, controla mercados, transportes, barrios y hasta emociones. La extorsión ya no se denuncia: se sobrevive.
El caso de los hermanos Quiroga, fundadores de Agua Marina, es el símbolo más claro de esta distorsión nacional. Dos músicos populares, baleados en plena capital, tras meses de amenazas. Habían pedido ayuda, alertado sobre los cobros y las intimidaciones, pero —como tantos otros— fueron ignorados. Hoy, se recuperan bajo custodia policial, mientras sus agresores siguen operando desde teléfonos, cárceles o fronteras porosas. Porque en el Perú, el crimen no se esconde: manda mensajes de WhatsApp con coordenadas, horarios y tarifas de miedo.
Según el Ministerio del Interior, entre enero y agosto de 2025 se registraron 18 385 denuncias por extorsión, casi un 30 % más que el año anterior. En promedio, una denuncia cada 19 minutos. Pero la cifra real es infinitamente mayor, porque la mayoría ni siquiera denuncia. En este país, acudir a la policía puede ser tan peligroso como enfrentar al extorsionador. La línea entre víctima y desconfianza se volvió delgada.
La abogada Lucía Nuñovero Cisneros, coautora del libro El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina (Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico), explica con precisión quirúrgica cómo la estructura venezolana —nacida en la cárcel de Tocorón— exportó su modelo de “gobernanza criminal” a toda la región. Donde el Estado no llega, llega el Tren: impone reglas, cobra tributos, controla economías informales y administra justicia por miedo. Su lógica es simple y brutal: mientras el gobierno prometa seguridad, pero no la ejecute, el crimen ocupará su lugar.
En el Perú, la extorsión ya es un sistema económico. Transportistas, comerciantes, ambulantes, artistas, trabajadoras sexuales o empresarios pagan cuotas para existir. La informalidad, esa tierra fértil para la desesperación, es su campo de cultivo perfecto. Y mientras la presidenta Dina Boluarte ensaya discursos sobre orden, los delincuentes despliegan la verdadera “política de seguridad”: la del terror organizado, sostenida por la indiferencia estatal y la corrupción institucional.
El miedo se ha convertido en moneda corriente. Los delincuentes cobran “vacunas”, pero el Estado cobra impuestos sin devolver protección. Las calles son un tablero donde el crimen ha ganado ventaja, y las autoridades —paralizadas por la ineptitud o el cálculo político— se conforman con aplaudir pequeñas capturas mientras el monstruo crece.
Reflexión final:
El Perú ya no necesita más planes de emergencia ni mesas de diálogo: necesita un Estado que recupere el control del territorio, que proteja al ciudadano antes de que se rinda. Porque mientras el Gobierno duerme y el crimen gobierna, la extorsión se convierte en el nuevo contrato social: uno firmado con miedo, silencio y sangre.