El Perú es un país tan peculiar que hasta sus expresidentes parecen recibir premios por fracasar. Hoy la noticia que indigna a medio país es que Dina Boluarte, la presidenta más impopular de nuestra historia reciente, podría acceder a una pensión vitalicia, como si su paso por Palacio hubiera dejado progreso, estabilidad y bienestar. La ley, fría y vieja, dice que tiene derecho. Pero la moral, la ética y el sentido común gritan exactamente lo contrario: nadie que haya hundido un país merece ser recompensado con dinero público.
Boluarte fue vacada con 122 votos a favor, acusada de incapacidad moral permanente. Dejó un país desgarrado por la inseguridad, con los hospitales en ruinas, los maestros abandonados, las regiones incendiadas por el crimen organizado y una ciudadanía que no confía ni en el saludo de un ministro. Sin embargo, mientras los transportistas piden garantías para no morir extorsionados y los médicos exigen insumos básicos, el Congreso debate si la exmandataria debe recibir una pensión de por vida. Así, el Estado que no puede proteger a sus ciudadanos sí parece tener energía para proteger el bolsillo de sus políticos.
La Ley 26519, firmada durante el régimen de Alberto Fujimori, concede este beneficio a todo expresidente “constitucional”. Y aquí comienza el absurdo: una norma hecha por un condenado por corrupción sigue premiando a quienes destruyen la confianza pública. La propia Boluarte enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito, los relojes Rolex y abuso de poder, pero eso no impide que pueda vivir a costa del Estado. Es la ironía más cruel de un país donde el mérito no paga, pero el fracaso se pensiona.
Los constitucionalistas debaten, los congresistas calculan, y la población observa entre la indignación y la resignación. Algunos especialistas señalan que bastaría una acusación constitucional formal para que pierda el derecho. Otros advierten que el Congreso podría “interpretar” la ley a su antojo, como ya hizo con Merino o Sagasti. Y ahí radica el verdadero problema: no en la letra de la ley, sino en la moral del legislador. Un Parlamento con escasa autoridad ética difícilmente negará un privilegio a alguien que jugó el mismo juego de poder.
Dina Boluarte no solo deja un país quebrado moralmente; ahora amenaza con cargarle también su pensión. Si el Congreso permite este abuso, será una burla directa al pueblo que sufre por sobrevivir con salarios miserables y servicios colapsados. Un gobierno que terminó en la represión, la frivolidad y el desgobierno no puede tener como epílogo un cheque mensual de gratitud.
Reflexión final
No se trata de venganza, sino de justicia. Un Estado serio premia a quienes construyen, no a quienes destruyen. Si Boluarte cobra su pensión vitalicia, no será solo un error legal: será la confirmación de que en el Perú el poder siempre encuentra su recompensa, incluso cuando el país entero paga la factura. Porque mientras el pueblo hace cola para subsistir, los expresidentes hacen cola para cobrar. Y eso, más que indignante, es una obscenidad institucional.