Hemos perfeccionado una extraña gimnasia cívica: vacar presidentes como deporte nacional y dejar intacto al poder que pulsa el botón. Cada cierto tiempo, el hemiciclo invoca la pureza republicana, levanta el dedo moral y despacha a quien ocupe Palacio. Fin del acto. Telón. La inseguridad sigue, la economía se enfría, los servicios colapsan… y los vacadores continúan incólumes. La pregunta no admite rodeos: si el Congreso vaca presidentes, ¿quién vaca a los congresistas?
El manual de la casa es simple. Primero, legislar a golpe de coyuntura: hoy una comisión exprés, mañana una reforma improvisada, pasado una contrarreforma para corregir la prisa. Segundo, blindaje selectivo: ética que archiva, investigaciones que duermen, sanciones que se evaporan en tecnicismos. Tercero, vacancia como distractor: cuando la calle exige seguridad, empleo, salud, el hemiciclo ofrece una cabeza en bandeja y reclama aplausos.
El problema es de diseño y de conducta. Listas cerradas que premian aparatos antes que méritos; financiamiento opaco que vuelve borrosa la línea entre apoyo y captura; control político sin control ciudadano: congresistas que exigen cuentas al Ejecutivo pero rehúyen la auditoría social con la soltura de quien confunde inmunidad con impunidad. Resultado: un Parlamento hiperpotente para tumbar, hipoincapaz para construir.
La estadística es hiriente: presidencias que no completan el ciclo, legitimidades en default, y al centro, un hemiciclo que acumula récord de desaprobación sin revisar su propio espejo. ¿Dónde están los KPI del Congreso? ¿Cuántas leyes con evidencia, costo fiscal claro y métricas de impacto aprobaron? ¿Qué avances concretos en seguridad, justicia o integridad pueden mostrar más allá del micrófono y la foto? No basta “fiscalizar”: hay que producir bienes públicos, y ahí la curva de aprendizaje del Parlamento ha sido una línea plana.
La ironía mayor: cada vacancia se vende como rescate de la democracia, pero la democracia se erosiona cuando las reglas se usan como martillo y los incentivos del Congreso se orientan a la sobrevida táctica, no al interés general. El país es rehén de agendas partidarias de corto plazo, canjes subterráneos, cuotas de poder escondidas en designaciones, y una retórica que confunde “voluntad popular” con aritmética de curules.
Volvamos a la pregunta. ¿Quién vaca a los congresistas? La respuesta debería ser institucional: transparencia real de votos y financistas, rendición de cuentas trimestral con metas verificables, pérdida de fuero por corrupción, revocatoria congresal a mitad de periodo, reelección condicionada a desempeño, y una autoridad electoral que filtre listas con tecnología e interoperabilidad de registros. No es castigo: es civilizar el poder.
Vacar presidentes no es gobernar. Es un atajo que aplaza los problemas y normaliza la crisis. Sin autocrítica ni controles simétricos, el Congreso seguirá coronándose árbitro moral mientras no anota un solo gol de política pública. La democracia no se salva con decapitaciones periódicas, sino con instituciones que se someten al mismo estándar que exigen.
Reflexión final
El país no necesita un nuevo “vacado” para estrenar otro interino; necesita vacar la cultura de impunidad que anida donde nadie vota: en la opacidad, el blindaje y la comodidad del escaño. Si el Congreso reclama autoridad, que empiece por medirse, abrirse y corregirse. Porque sin control al controlador, lo que tenemos no es equilibrio de poderes: es un desequilibrio con fuero. Y eso, a diferencia de un presidente, no cae con una sola votación: cae cuando la ciudadanía deja de aplaudir el espectáculo y exige resultados.