El 15 de octubre, en una marcha, una bala del Estado terminó con la vida de Eduardo Ruiz Sanz, Trvko para la escena musical. La Policía detuvo a dos suboficiales —Luis Magallanes Gaviria y Omar Saavedra Bautista— y reconoció que hubo disparos. No hay maquillaje que alcance. Cuando un ciudadano cae por fuego oficial, no hablamos de “incidentes” ni de “errores operativos”; hablamos de un sistema que autorizó, toleró o miró a otro lado. La democracia exige algo más que comunicados: exige verdad, responsabilidades políticas y justicia real.
La PNP informó detenciones y la Fiscalía abrió investigación. Es un primer paso, no el destino. La pregunta de fondo no es solo quién jaló el gatillo, sino quién diseñó el operativo, quién aprobó la presencia de efectivos armados en una protesta y quién permitió que la cadena de mando se deslizara hacia el punto donde una bala atravesó a un manifestante. Si se confirma que los implicados estaban adscritos a la Dirincri, el país merece conocer por qué se enviaron agentes de investigación criminal a una protesta social y bajo qué reglas de enfrentamiento actuaron.
Las rotaciones de mandos en Lima, Dirincri e Inteligencia suenan a movimiento, pero movimiento no es cambio. Sin razones públicas, sin plazos y sin resultados verificables, esos relevos son cortinas de humo. La cultura institucional que normaliza el disparo como “disuasión” no se corrige cambiando nombres en el organigrama. Se corrige con control civil efectivo, protocolos revisados por expertos independientes, registro audiovisual obligatorio, trazabilidad de municiones y sanción ejemplar cuando se rompe la ley.
La responsabilidad política es ineludible. El ministro del Interior, José Jerí, y su gabinete deben rendir cuentas por decisiones y omisiones que habilitaron un escenario letal. La doctrina del “hecho aislado” es el salvavidas de siempre: útil para sobrevivir a la conferencia de prensa, inútil para salvar vidas en la calle. Si además se investiga la posible infiltración de policías ligados a bandas criminales, el problema es estructural y demanda una limpieza interna que empiece arriba y llegue hasta la patrulla.
Justicia significa verdad completa, proceso imparcial y sanción efectiva. Significa identificar la cadena de mando, abrir cada plan operativo, preservar cada evidencia y garantizar que el caso no muera en un archivo. Sin garantías de no repetición, cualquier disculpa es retórica.
Reflexión final
A Eduardo Ruiz lo mató una bala; a la república la mata la impunidad. Que esta vez no gane el silencio. Investigar sin blindajes, sancionar sin privilegios y asumir responsabilidades políticas no es ceder a la presión: es cumplir la ley y honrar la vida que se perdió.