En el Perú solemos confundir el portazo político con la amnistía moral. La vacancia de Dina Boluarte no clausura nada: abre el inventario. La pregunta correcta no es si será investigada, sino cuántas carpetas la esperan y con qué rigor. La respuesta incomoda: son varias, y ya no habrá fuero que funcione como paraguas en temporada de tormenta.
Primero, el frente patrimonial. Las pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito, omisiones en declaraciones y uso de bienes y obsequios de alto valor no son rumores: son expedientes con cronogramas, peritajes y trazabilidad financiera. Allí la aritmética es despiadada: ingresos declarados vs. activos exhibidos. Si las cifras cuadran, archivo; si no, acusación. Sin alegorías.
Segundo, el frente de derechos humanos. Las muertes y lesiones en las protestas no admiten eufemismos ni culpas gaseosas. Se necesita mapa de decisiones: quién dio la orden, con qué reglas de enfrentamiento, qué supervisión hubo, qué protocolos se ignoraron. La cadena de mando no es una metáfora, es una ruta de firmas y llamadas. Y esa ruta, por fin, debe recorrerse sin atajos ni blindajes.
Tercero, la responsabilidad política que devino en responsabilidad penal posible. Boluarte podrá decir —y está en su derecho— que las operaciones fueron ejecutadas por otros. La ley pregunta otra cosa: qué hizo la jefa de Estado para prevenir, corregir o sancionar. La omisión también deja huellas.
¿Qué viene ahora? Menos micrófonos y más diligencias. Citaciones ante la Fiscalía de la Nación y fiscalías provinciales, levantamiento de secretos bancarios y comunicaciones cuando corresponda, pericias a relojes, joyas y agendas, confrontaciones, testigos y, si la evidencia lo sostiene, requerimientos de acusación. El Congreso —experto en tiempo extra— tendrá una oportunidad rara: no interferir. El Ejecutivo de turno, otra: garantizar colaboración total de Policía y Fuerzas Armadas. Y el Ministerio Público, la más importante: actuar sin espectáculo, sin miedo y sin favores.
La vacancia no lava responsabilidades. La expresidenta merece defensa y debido proceso; las víctimas y el país merecen verdad y justicia. Si todo fue correcto, que quede claro. Si no lo fue, que haya consecuencia. Eso se llama Estado de derecho, no revancha.
Reflexión final
El Perú no necesita relatos heroicos; necesita cuentas claras. “¿Cuántas investigaciones debe afrontar Boluarte y qué viene ahora?” Las que haga falta, y viene lo que siempre debió venir: fiscalización real, peritaje serio y una lección elemental para quien aspire a gobernar: el poder es temporal, la rendición de cuentas no.