Otra vez el mismo guion: se decreta estado de emergencia en Lima, se recortan derechos y se promete seguridad “de inmediato”. Ocurre justo cuando crecen las protestas. No es coincidencia. Es una señal: control del espacio público antes que control del crimen. Tres días después del asesinato del rapero Eduardo Ruiz Sanz —homicidio confesado por un efectivo—, el presidente José Jerí homenajea a la PNP con canastas. Hay prioridades; las del Gobierno están claras.
El estado de emergencia suspende libre tránsito y reunión. Sirve para dispersar marchas; no sirve para desactivar redes de extorsión. La extorsión viaja por WhatsApp, Telegram y transferencias; no por protestas en la avenida Abancay. El secuestro extorsivo se combate con inteligencia, trazabilidad financiera y trabajo encubierto, no con tanquetas. Eso lo han dicho exministros y exviceministros del Interior. Y la evidencia reciente es contundente: se repitió la fórmula con distintos gobiernos y el crimen no cedió; se sofisticó.
La receta oficial es reactiva: más patrulleros, más puestos de control, más conferencias. Falta lo esencial: unidades de cibercrimen con presupuesto real, equipos de investigación criminal con metas verificables, auditorías a la PNP con dientes y consecuencias, y una estrategia fiscal-policial coordinada por objetivos, no por titulares.
Si el objetivo fuera reducir homicidios y extorsiones, veríamos indicadores trimestrales, mapas de calor y golpes a eslabones financieros de las bandas. Vemos, en cambio, decretos que facilitan detenciones masivas en días de protesta.
El homenaje a la PNP en medio del luto y del caso Ruiz Sanz envía un mensaje equivocado: primero el aplauso, después la depuración. No. Primero verdad, responsabilidad y control interno; luego reconocimiento. La autoridad que no se corrige, se deslegitima. Y la ciudadanía que no puede reunirse, no puede vigilar al poder.
Un estado de emergencia sin plan es un megáfono sin mensaje. Intensifica la presencia, no la eficacia. Si el Gobierno busca resultados y no solo imágenes, que publique su plan de inteligencia contra extorsión y secuestro: metas, plazos, responsables, presupuesto y auditorías.
Que fortalezca cibercrimen, rastreo financiero y control interno. Que garantice protestas pacíficas y sancione abusos. Seguridad no es más sirena; es menos víctima. Autoridad no es más decreto; es más resultado. La Caja Negra lo deja claro: o hay estrategia medible ya, o hay puro maquillaje con derechos en pausa.