La noticia ya no es el murmullo: es una carpeta fiscal con nombres, fechas y cifras. El Ministerio Público, vía el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), investiga al presidente José Jerí por presunto tráfico de influencias. El caso no nace de rumores, sino de un chat que sugiere tarifa para legislar. Y cuando la ley tiene precio, la democracia pierde valor.
¿Quiénes? El EFICCOP, bajo la jefatura del fiscal Carlos Ordaza, conduce la pesquisa. ¿Qué la detona? Un intercambio de WhatsApp entre un alto funcionario de la PCM y un asesor congresal con una frase corta y letal: “200 mil dólares para Jeri solo por aprobar la ley en el Congreso”. Ese chat, hoy en manos de los fiscales, vincula el presunto pago con la aprobación de una norma.
¿Desde cuándo y en qué contexto? La conversación está fechada el 29 de abril de 2022, cuando Jerí era miembro titular de la Comisión de Presupuesto. El indicio no aparece aislado: figura entre los elementos del caso “Los operadores de la reconstrucción”, trama que ya investiga cobros por “destrabar” presupuestos, y que involucra a asesores vinculados al congresista Guillermo Bermejo. La hipótesis fiscal: Jerí habría “facilitado” partidas a cambio de pagos y esa práctica se habría extendido durante su permanencia y posterior presidencia de la Comisión.
¿Por qué el foco patrimonial? Tres meses después del chat, Jerí adquirió un penthouse en la Av. Brasil por S/ 795 mil, más dos cocheras y dos depósitos; luego sumó un lote de playa en Los Lobos (US$ 12.550), una camioneta Dodge Nitro (S/ 40 mil) y un dúplex de 70 m² en Punta Hermosa (S/ 210 mil). El historial previo no registraba ingresos mayores a S/ 5.000 mensuales. Por eso, además del presunto tráfico de influencias, se abrió una indagación por enriquecimiento ilícito. La ruta del dinero, como siempre, habla.
¿Hay más denuncias? Sí. La empresaria Blanca Ríos Monteyro presentó audios y comprobantes por S/ 150 mil que, según alega, fueron entregados a intermediarios de Jerí y a la congresista Ana Zegarra, a cambio de partidas para una obra en Loreto. Esa carpeta corre en paralelo en la Fiscalía de la Nación.
El “quién” y el “por qué” están claros: EFICCOP investiga a Jerí por indicios de que el poder legislativo se habría ofrecido como servicio pagado. La justicia debe verificar, con peritajes y trazabilidad bancaria, si la ley fue mercancía. Si lo fue, que caiga quien deba caer. Si no, que la transparencia lo demuestre con documentos, no con gestos.
Reflexión final
La presunción de inocencia no está reñida con la presunción de transparencia. Un presidente no se defiende con silencios ni con fotos: se somete al escrutinio. Y la ciudadanía, que paga la cuenta, merece una respuesta tan simple como contundente: ¿hubo tráfico de influencias? Los hechos —no los eslóganes— deben decirlo.
Hildebrandt en sus trece.