“El Tribunal Constitucional ha beneficiado a Keiko Fujimori”, dijo José Domingo Pérez. No es una frase al pasar: es el diagnóstico de un fiscal que ha respirado durante años el polvo de expedientes, delaciones y peritajes. Con la sentencia 2109-2024, el TC rebautiza el dinero: lo que antes podía ser presunto lavado, ahora es un “aporte” que se pasea por la contabilidad electoral como turista con visa dorada. La justicia deberá “adecuarse”; el ciudadano, acostumbrarse. ¿De veras?
Se repite que el TC no absuelve: “tutela derechos”. Correcto… en abstracto. En concreto, el fallo delimita el terreno de juego de tal modo que probar “origen ilícito” roza lo milagroso. ¿Resultado? Teorías del caso que se deshidratan, juicios reprogramados, evidencia que se vuelve “insuficiente” por decreto. El mensaje práctico al ecosistema político-empresarial es nítido: financie primero, explique después. Si el financiamiento electoral se encapsula fuera del régimen de lavado, la trazabilidad deja de ser obligación y se convierte en cortesía.
Aquí la advertencia de José Domingo Pérez no es un exabrupto: es una alarma. Cuando el estándar constitucional estrecha la puerta, las redes con más abogados y mejor ingeniería contable son las primeras en pasar. Y la democracia paga en cuotas: campañas opacas producen gobiernos vulnerables, endeudados con quien puso la chequera. No es “lawfare”; es la aritmética de la captura.
¿La coartada de siempre? “Persecución”, “exceso fiscal”, “revancha”. Más cómodo deslegitimar al mensajero que arreglar la tubería rota. Pero la pregunta incómoda no desaparece: ¿qué regla concreta impide que mañana cualquier maleta se lave en el lavadero semántico del ‘aporte’? Si el TC reescribe el mapa, toca fijar coordenadas duras y universales: sin huecos, sin excepciones a la carta.
No se piden veredictos a gusto del consumidor; se pide Estado serio. Si “aporte” no es “lavado”, entonces que sea auditable por obligación: trazabilidad bancaria desde el primer sol, padrón público de aportantes con verificación en tiempo real, topes con sanción efectiva, reportes trimestrales y pérdida automática de inscripción para quien mienta. Sin eso, la sentencia es autopista: entrada para el dinero opaco, salida para la responsabilidad.
Reflexión final
La Caja Negra defiende garantías, no blindajes. Un Tribunal que tutela derechos también debe tutelar el derecho ciudadano a elecciones limpias. Si hoy cambiamos el nombre del problema, mañana cambiemos la práctica: controles más severos, menos retórica. De lo contrario, la próxima campaña ya tiene eslogan: “No es sospecha; es aporte”. Y el recibo —otra vez— lo pagará el país.