El Perú amaneció con una paradoja jurídicamente impecable y socialmente hiriente: la Corte Suprema ordena que Reniec pague a Dina Boluarte poco más de S/213 mil por la desnaturalización de su vínculo laboral. Es legal, sí. Es oportuno, ético o decente frente a la gente que hace cola por atención y seguridad básica, no. Cuando la formalidad se divorcia del sentido común, el Estado paga la factura y la ciudadanía la vergüenza.
El fallo reconoce derechos que no se le otorgaron cuando fue trabajadora de Reniec y recorta otros por periodos en que ejerció cargos de confianza. Balance técnico, papel sellado, firma y listo. Pero la escena pública es otra: una exmandataria que dejó un país en crisis y hoy cobra como exservidora por beneficios no pagados. No es un hallazgo clandestino; es una herida expuesta en mitad de la calle.
La discusión no es si la ley ampara —lo hace— sino qué sistema construimos para que la legalidad produzca resultados tan disonantes con la realidad que la rodea. Miles de trabajadores CAS han litigado durante años para que el Estado reconozca lo que les negó; la mayoría ni siquiera logra que el proceso llegue a sentencia firme. Aquí, en cambio, el registro es quirúrgico: montos detallados, rubros precisos, cronología impecable, depósito en puerta.
La otra grieta es política. La exjefa de Estado impulsa su demanda laboral mientras el país recuerda la gestión que no resolvió la inseguridad, la precariedad de servicios y la distancia con las regiones. La suma puede ser menor a la que pidió, pero su simbolismo es mayúsculo: en un país con hospitales colapsados, policías sin equipamiento y familias contando monedas, la noticia suena a ironía institucional. El mensaje que recibe la calle es devastador: quien tuvo poder litiga con ventaja y gana, aunque la legitimidad esté en números rojos.
No se trata de torcer sentencias, sino de reformar las reglas. Si el Estado desnaturaliza contratos, que pague —y cambie—, pero que lo haga con un estándar que priorice a todos los trabajadores en igual situación y evite que los litigios de alto perfil se lleven el protagonismo (y la indignación). Urge cerrar la puerta a la precariedad laboral en el sector público para que estos cheques no sigan saliendo del bolsillo de siempre.
Reflexión final
La ley explica el pago; la política explica el enojo. Mientras la justicia laboral repare a unos y la justicia social quede pendiente para muchos, seguiremos acumulando sentencias… y perdiendo confianza. Legal no siempre es legítimo. Y el Perú no puede darse el lujo de olvidar la diferencia.