Quince años de prisión para Guillermo Bermejo por afiliación a Sendero Luminoso y punto final a su ambición presidencial. El fallo no es un episodio aislado: es un espejo incómodo para un Congreso que convirtió la ética en utilería y el control político en circo. Si la justicia habló con expediente, la política debe responder con responsabilidad. Spoiler: no lo está haciendo.
Bermejo no fue condenado por su discurso, sino por hechos que un tribunal consideró probados: presencia en campamentos ilegales, adoctrinamiento, vínculos operativos; alias “Che” mediante. Habrá apelación, como corresponde. Pero lo esencial es esto: el terrorismo no es mito universitario ni coartada épica; es delito. Quien cruza esa línea responde ante la ley. La izquierda que lo arropó tiene ahora dos opciones: revisar sus filtros éticos o refugiarse en el cómodo libreto de la victimización eterna. Lo primero es madurez; lo segundo, autoengaño.
Y el Congreso, ese teatro de virtudes selectivas, tampoco sale ileso. Entre estados de emergencia reciclados, blindajes cruzados y nombramientos a la carta, el Legislativo ha enseñado que la vara moral se estira según el viento. Hoy muchos celebran la condena de Bermejo; ayer justificaban indulgencias para los suyos. Ese doble rasero erosiona cualquier mensaje de autoridad. La lucha contra la violencia y la corrupción no se gana a codazos partidarios, sino con reglas que se apliquen parejo y a tiempo.
El relevo de la curul—probablemente Zaira Arias—debería ser oportunidad para elevar el estándar, no para heredar un relato. Menos consignas, más trabajo legislativo medible: seguridad ciudadana con inteligencia, reforma del financiamiento político, supervisión real del gasto, y una agenda social que no excuse ni romantice extremos.
La sentencia a Bermejo no “lava” al Congreso ni al Gobierno. Es un recordatorio: las instituciones valen cuando sostienen decisiones con evidencia y cuando aceptan que la ley no es instrumento de revancha. Si el fallo está sólidamente motivado, que se cumpla; si hay errores, que la segunda instancia los corrija. En todo caso, que el Parlamento haga su parte: menos pirotecnia, más reformas verificables.
Reflexión final
La memoria exige justicia; la democracia exige coherencia. A Bermejo le tocará responder ante el Código Penal. Al Congreso le toca responder ante el país. Si ambas cuentas se saldan con transparencia, ganamos todos. Si vuelven los atajos y los blindajes, solo habrá cambiado el titular; el problema seguirá ocupando la primera fila.