El presupuesto no miente: cuando el rubro para “disminuir protestas” crece 115% y la delincuencia campea, la prioridad del poder queda desnuda. El gobierno de Dina Boluarte infló la partida para contener manifestaciones mientras mantenía en dieta la lucha contra el crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico. José Jerí, lejos de corregir el sesgo, lo hereda y lo legitima: estado de emergencia solo en Lima y Callao, compras para control de calle y ningún plan integral a la vista. Se invierte donde estorba la ciudadanía, no donde manda el delito.
Entre 2022 y 2025, el gasto para neutralizar movilizaciones batió récords; en paralelo, la “reducción de delitos y faltas” apenas avanzó y el combate a la minería ilegal y al TID zigzagueó sin fortaleza presupuestal. La ecuación es transparente: más cercos y rochabuses; menos inteligencia y trazabilidad financiera. El mensaje a extorsionadores y sicarios es inmejorable: la prioridad estatal está en la plaza, no en sus redes.
Jerí profundiza la inercia. Declara emergencia capitalina en plena ola de protestas y la presenta como política de seguridad. Si la violencia es nacional, la respuesta debía ser nacional o, como mínimo, un plan maestro con metas por región, plazos hasta el 28 de julio de 2026 y responsables con nombre y apellido. En lugar de tablero público con homicidios a la baja, bandas desarticuladas, dinero y armas incautados, sentencias firmes y tiempos de respuesta, hay desfiles de equipamiento: tanquetas, motobombas, chalecos, pistolas. Inventario perfecto para vigilar avenidas; irrelevante para desactivar la economía del crimen.
La narrativa de “mano dura” se queda en el vestuario. El país no necesita más sirenas, necesita arquitectura institucional: ciberinteligencia para cortar extorsión digital; coordinación fiscal–policial que apunte a nodos financieros, no a peones; UIF, Sunat, SBS y banca siguiendo la plata; protección efectiva a víctimas y testigos; control interno que sancione abusos con rapidez. Todo con métricas públicas y auditoría ciudadana. Sin eso, la represión es un gasto; la seguridad, una promesa.
Un Estado que destina más a silenciar que a investigar no protege: administra miedos. Si Jerí aspira a autoridad, debe reordenar el presupuesto hacia investigación criminal y justicia efectiva, convocar a todos los niveles del Estado y publicar un plan medible y nacional. La seguridad no se decreta ni se posa: se demuestra con datos.
Reflexión final
Menos reflectores, más resultados. Menos cordones, más condenas. Si el dinero público no sigue a las víctimas sino a los temores del poder, el crimen seguirá a cargo del país… y el presupuesto, a cargo del relato.