Cuando un gobierno evalúa apagar la ciudad para “encender” la seguridad, no revela firmeza: confiesa fracaso. Lima y Callao llevan pocos días en estado de emergencia y el menú ya incluye toque de queda. Tradúzcase: la estrategia no funcionó y ahora se ofrece silencio nocturno como sustituto de inteligencia. La causa no es misterio: José Jerí no tiene un plan integral hasta el 28 de julio de 2026; ni convocó a todos los sectores, ni fijó metas, ni alineó presupuestos. El miedo a la protesta se vistió de política pública.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dice que el Consejo de Ministros “permanece en sesión” y que las decisiones dependerán de “operativos e inteligencia”. Perfecto en el guion; vacío en la cancha. El estado de emergencia debutó con controles, fotos y frases hechas, mientras los delitos siguieron su rutina. Ahora, ante el ruido de las cifras, la respuesta es bajar el volumen de la calle en lugar de subir la calidad del método.
Un toque de queda detiene peatones, no redes. Las bandas no hacen cola; tercerizan, rotan y planifican. Sin mando unificado (PNP–FF.AA.–INPE–Migraciones–SUNAT–UIF), sin inteligencia financiera que congele activos en 72 horas, sin prisiones blindadas con bloqueo auditado y aislamiento real de cabecillas, y sin protección de testigos y fiscales, cualquier restricción horaria es coreografía. Y sin un tablero público de KPI por distrito (extorsiones, capturas, condenas, decomisos, tiempo de respuesta) con evaluación semanal en cadena nacional, la “ofensiva” no pasa de eslogan.
Seamos claros: el estado de emergencia en Lima y Callao se diseñó para disuadir protestas, no para desarticular redes criminales. Por eso la primera reacción es el cerrojo ciudadano y no el bisturí a las finanzas del crimen. Las ciudades pueden dormir; la delincuencia, no. El gobierno, en cambio, se acuesta temprano.
Si el Ejecutivo necesita toque de queda a la semana de decretar emergencia, lo que fracasa no es la ciudad: es la conducción. La alternativa es menos espectacular y más difícil: plan nacional de 90 días con metas semanales, responsables con nombre y apellido y presupuesto asignado; auditoría externa de avances; correcciones públicas sin excusas. Con luces encendidas, no apagadas.
Reflexión final
La Caja Negra sostiene una regla simple: la seguridad no se decreta, se ejecuta. Presidente Jerí, el miedo a la protesta no es política pública; la política pública es lo único que hace innecesario el toque de queda. Si el plan no existe, dígalo. Si existe, publíquelo con indicadores. Porque sin plan, la noche no trae paz: trae impunidad con horario extendido.