Otra vez la película conocida: más de mil autos de Nissan, Hyundai, Toyota y Jeep a revisión por fallas con potencial de accidente y Indecopi como mensajero tardío. La sirena suena, la nota de prensa circula y el riesgo circula también, por avenidas sin fiscalización y con usuarios confiados en que “si algo pasara, me avisarán”. Avisan, sí, pero después. Y cuando el regulador llega con calendario vencido, el control es decoración.
Los casos son de seguridad, no de estética. Nissan convoca 1.252 Qashqai (2023–2024) por conexiones de batería mal ensambladas con riesgo de sobrecalentamiento; Hyundai cita 336 Santa Fe MX5 por daños en cableado y bisagras que pueden interferir con la segunda fila y afectar airbags; Toyota inspecciona 103 Corolla Cross por montaje del eje palier con fuerza indebida y posible pérdida de tracción; Jeep detecta 4 Wrangler Rubicon 2024 con conexión intermitente en faros antiniebla traseros. Todo esto ya está en calle. ¿La política pública? Un Sistema de Alertas que describe el problema, confía en que el fabricante llame y reza para que el propietario atienda.
Eso no es protección al consumidor; es tercerización del Estado. Un regulador que aspira a ser tomado en serio no solo difunde, exige y controla. ¿Dónde están los tableros públicos por marca con porcentaje de unidades localizadas, reparadas y tiempos de solución por VIN? ¿Qué plazos máximos deben cumplir las marcas para asignar cita y repuesto? ¿Cuál es el estándar de vehículo sustituto cuando el defecto inmoviliza el auto del que vive un taxista o una familia? ¿Qué multas proporcionales aplica el Estado si la campaña se queda a medio camino o si la comunicación falla?.
Y falta el músculo proactivo: cruce automático Sunarp–Aduanas–fabricantes para notificar por SMS, correo y notificación física, hasta cerrar cada caso; inmovilización preventiva de series de alto riesgo si la marca no cumple; garantía extendida obligatoria cuando el defecto toca tren motriz, dirección, frenos o retención; auditorías independientes a la red de talleres para evitar que el recall sea un “pase mañana”; y reportes quincenales abiertos a la ciudadanía. Sin eso, la “alerta” es un megáfono sin timón.
Los recalls son necesarios; la pasividad regulatoria es imperdonable. Indecopi debe pasar del altavoz al control de misión: métricas públicas, trazabilidad por VIN, sanción efectiva e indemnización cuando corresponda. Si no hay disuasión, hay repetición.
Reflexión final
La seguridad vial no admite posponer. Si el Estado quiere salvar vidas, que mida, obligue y sancione en tiempo real. Lo demás es tránsito de comunicados mientras el riesgo dobla la esquina.