El anuncio de un paro total de transportistas en Lima y Callao para el 4 de noviembre no es una sorpresa: es un veredicto. Si, tras una semana de estado de emergencia, se acumulan asesinatos, amenazas y rutas tomadas por el miedo, la política de seguridad no está funcionando. La ciudadanía no discute el derecho a ordenar la calle; discute la ineficacia para recuperar el control del territorio. Y la respuesta oficial, entre recorridos a penales y fotos de madrugada, confirma el sesgo: más escenografía, menos estrategia.
Desarrollo.
Los gremios no reclaman retórica; piden resultados: choferes y cobradores asesinados, líneas extorsionadas, pasajeros atrapados entre el susto y la necesidad. El Gobierno prometió “contener” la criminalidad con un cerco sobre la capital y encontró, de inmediato, su límite: las bandas no marchan, cobran. La prohibición de dos personas en moto luce en el papel, pero la extorsión vive en teléfonos, cuentas y rutas financieras que nadie ha cortado. Si los atacantes siguen enviando balas con papel, es porque los incentivos permanecen intactos.
El problema no es de presencia, sino de conducción. Mientras se multiplican operativos visibles, no existe un plan nacional con metas hasta el 28 de julio de 2026: reducción de homicidios por distrito, bandas desarticuladas, dinero y armas incautados, tiempos de respuesta fiscal-policial, número de sentencias firmes. Nada de eso está en un tablero público, con responsables identificados y presupuesto atado al cumplimiento. En cambio, sí hay cronograma para más patrulleros en avenidas y más conferencias en comisarías. El delito, que no consume ruedas de prensa, agradece.
La imitación de modelos punitivos de moda se agota en la foto. Sin ciberinteligencia para cortar la extorsión digital, sin trazabilidad financiera con la Unidad de Inteligencia Financiera, Sunat, SBS y banca, sin equipos mixtos Fiscalía-PNP que apunten a nodos y no a peones, sin protección real a testigos y víctimas, el Estado hace ruido en la plaza y deja intacta la caja del crimen. Los transportistas lo entendieron: de promesas ya hay suficientes; de garantías, casi ninguna.
El 4 de noviembre no es un capricho gremial: es una auditoría social. Un gobierno que declara emergencias pero no muestra descensos sostenidos en delitos ofrece, en rigor, administración de daños. La autoridad se mide en indicadores, no en reflectores.
Reflexión final
Presidente Jerí: cambie el guion. Publique un plan nacional medible, convoque a todos los actores —Fiscalía, Poder Judicial, gobiernos regionales y locales, operadoras y banca— y rinda cuentas cada mes. Menos foto, más resultados. La calle ya no compra escenografía: exige seguridad.