Cuando el conteo de muertos avanza y la política repite “operativo exitoso”, la farsa queda al desnudo. Lima y Callao viven bajo estado de emergencia y, sin embargo, los homicidios continúan marcando la agenda. El Gobierno prometió “ofensiva”; entregó sirenas, gas lacrimógeno y fotos en penales. La realidad es más sencilla y más dura: si la medida no salva vidas, fracasó. Y si fracasó, persistir en lo mismo no es terquedad: es abandono.
La secuencia es conocida: un asesinato, bloqueo ciudadano, PNP desplegada, dispersión con gases, conferencia relámpago y… nada sustantivo cambia. Se patrulla para la cámara y se legisla para la tribuna, mientras la extorsión cobra boleto diario y el sicariato trabaja a doble turno. Se confunde control de protesta con control del crimen: se apaga la calle, pero no la caja del delito. Así, la “emergencia” funciona como un telón: delante, la escenografía del orden; detrás, las redes criminales operando con normalidad de oficina.
La ausencia de estrategia es clamorosa. No hay mando unificado real (PNP, FF.AA., Fiscalía, INPE, Migraciones, SUNAT, UIF) con sala de crisis 24/7; no hay inteligencia financiera que congele activos en 72 horas y active extinción de dominio; no hay prisiones blindadas con bloqueo auditado y aislamiento efectivo de cabecillas; no hay protección de testigos que rompa el miedo; no hay tablero público por distrito con metas semanales (extorsiones, capturas, condenas, decomisos, tiempos de respuesta) y responsables con nombre y apellido. Hay, en cambio, zonas “calientes” que solo se enfrían en comunicados.
Y cuando la política sustituye método por gestos, la calle responde con lo único que le dejan: indignación. Los transportistas que piden que el Presidente “tenga el valor de venir” no solicitan un héroe: exigen administración competente. Quieren rutas seguras, protocolos de paraderos, recompensas pagadas sin burocracia, patrullaje guiado por datos y fiscales que puedan investigar sin que la protesta sea tratada como delito.
Si los asesinatos continúan bajo la medida estrella, el veredicto es inapelable: la emergencia fracasó. Un Ejecutivo serio no dobla la apuesta por el mismo libreto; cambia el libreto. Plan 90 días, metas públicas semana a semana, presupuesto asegurado, auditoría externa y corrección en vivo. Sin eso, lo demás es ruido institucional.
Reflexión final
La Caja Negra sostiene una regla simple: la autoridad se mide en vidas a salvo, no en partes de prensa. Si cada día amanece con otro crimen, la “emergencia” ya no es política pública: es coartada. Y el país no necesita coartadas; necesita gobierno.