Otro foro, nuevos discursos, viejos resultados. En el XI Encuentro de Líderes Empresariales se repitió lo evidente: la prioridad es reducir la pobreza —27,4%— y el camino exige inversión privada, menos burocracia y un Estado que deje de estorbar. Correcto. Pero el país no se gobierna con declaraciones; se gobierna con reglas, ejecución y rendición de cuentas. Y ahí seguimos aplazando el examen.
El presidente de la Confiep recuerda que el presupuesto pasó de S/35.000 millones a más de S/250.000 millones en dos décadas, sin que los servicios mejoren. Diagnóstico certero: gastamos más y obtenemos menos. Pero falta el apellido: ¿en qué, cómo, con qué metas y quién responde? El gasto en orden público y seguridad avanza 72% y la productividad cae: patrulleros visibles, resultados invisibles. Sin gestión por resultados, cada sol extra es sólo combustible para la ineficiencia.
Desde ComexPerú subrayan que la pobreza baja con inversión. Cierto, pero la inversión no soporta laberintos: 400 permisos y ocho años para una mina no es regulación; es desaliento con licencia. Ahí anida la corrupción: trámites infinitos que convierten la ventanilla en subasta. La solución no es “menos Estado” sino mejor Estado: procedimientos con plazos perentorios, silencio administrativo positivo real, trazabilidad digital y responsables con nombre y apellido. Si un expediente duerme, alguien pierde el cargo.
AGAP pide reforma del Estado. Bien, pero “reforma” no es una palabra bonita: es simplificar organigramas, profesionalizar gerencias públicas, cerrar duplicidades y blindar el mérito. Si el Mef publica que el avance del gasto en seguridad es alto y el delito también, el mensaje es uno: sin gestión, el presupuesto es ruido. La política social, además, necesita brújula productiva: insertar a hogares vulnerables en cadenas de valor (agro, turismo, pesca, cuidado), con certificación de competencias y compras públicas que paguen a tiempo. Transferencias sin escalera de productividad perpetúan la línea de pobreza.
La empresa también debe moverse: codiseñar estándares con el regulador, abrir datos de desempeño ambiental y laboral, y comprometer inversión ancla en regiones. ¿Licencia social? Se gana con contratos cumplidos, proveedores locales y monitoreo ciudadano en tiempo real.
Reducir la pobreza no es un eslogan: es regulación simple, Estado competente e inversión responsable. Menos permisos eternos, más plazos fatales; menos anuncios, más indicadores públicos de salud, educación, seguridad y empleo digno.
Reflexión
Si la pobreza es 27,4%, el lujo de la retórica se acabó. El país necesita una coalición por lo concreto: procedimientos medibles, obras que funcionen y oportunidades que paguen mejor. Todo lo demás es foro con coffee break.