El Salvador renovó, por enésima vez, su régimen de excepción: garantías suspendidas, detenciones prolongadas, aplausos asegurados. El guion es rentable en popularidad y costoso en Estado de derecho. Desde Lima, José Jerí opta por la parte vistosa del libreto: madrugadas en penales, cámaras en comisarías, discursos desde patrulleros. La criminalidad —que no consume ceremonias— permanece. Cuando la seguridad se convierte en escenografía, el delito firma la dirección.
La fórmula salvadoreña es simple: extender la excepcionalidad cada 30 días, inflar métricas de “orden” y relegar las garantías al pie de página. Las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia conviven con excarcelaciones masivas que delatan capturas sin sustento. Red de arrastre, estadística espectacular y un precedente peligroso: la ley como utilería. La paz duradera no se mide por fotos aéreas de penitenciarías, sino por instituciones que resisten al entusiasmo del momento.
José Jerí no copia la ingeniería (metas, trazabilidad, sincronía interinstitucional), sino el vestuario. El estado de emergencia en Lima y Callao no desmontó la economía de la extorsión ni la logística del sicariato. Se multiplicaron partes de “presencia”; los resultados siguen sin tablero. Falta lo obvio: un plan nacional integral, vigente hasta el 28 de julio de 2026, con indicadores verificables por distrito (homicidios, tentativas, extorsión), redes financieras intervenidas, armas y dinero incautados, sentencias firmes y tiempos de respuesta fiscal-policial. Con responsables nominales y presupuesto condicionado al cumplimiento. Sin ese cuadro de mando público, la seguridad se administra como relato.
El crimen organizado no teme los reflectores: teme la trazabilidad. Ciberinteligencia para cortar la extorsión digital; equipos mixtos Fiscalía-PNP orientados a nodos y no a peones; UIF, Sunat, SBS y banca siguiendo la ruta del dinero; convenios con operadoras para acotar el anonimato; protección real a víctimas y testigos; control interno que sancione abusos sin demoras. Nada de esto genera épica de madrugada, pero sí baja curvas. Si la política privilegia la foto a la métrica, el mensaje es nítido: se gobierna la percepción, no el riesgo.
El Salvador compra tiempo al precio de la ley. José Jerí compra titulares al precio de la eficacia. Ni la excepcionalidad perpetua ni la imitación ornamental sustituyen una política de seguridad con debido proceso, métricas y rendición de cuentas.
Reflexión
Presidente Jerí: menos sirenas y más evidencia. Publique el plan, mida cada mes, corrija en público y produzca condenas, no conferencias. La fuerza sin ley es abuso; la ley sin resultados es abandono. Entre ambos, la ciudadanía exige protección con datos, no tranquilidad a crédito.