La Contraloría no descubrió pólvora: halló comisarías con armas que superan los 40 años, chalecos antibalas vencidos, radios insuficientes, techos con humedad, cableado expuesto y hasta motos nuevas inmovilizadas por falta de capacitación. Es la radiografía de un Estado que pide resultados con herramientas de museo. Mientras tanto, el Gobierno exhibe estados de emergencia como si fueran política pública. No lo son: son un paréntesis sin verbo.
El operativo “Comisarías Básicas PNP 2025” desplegó cerca de 700 auditores en 466 dependencias —un 35% del total— y documentó lo que la calle grita: precariedad material y organizativa. En Rímac, Pamplona I y San Juan de Lurigancho, los hallazgos se repiten: proyectiles oxidados, chalecos con 35 años de uso, escaleras corroídas, ambientes sin cielo raso, dotación informática ausente, patrullaje sin plan y denuncias por violencia familiar enviadas fuera de plazo. Si esa es la “primera línea” contra el crimen, el resultado se explica solo.
¿Dónde está José Jerí? En visitas a penales y comisarías que producen fotos, no capacidades. El problema no es de presencia simbólica, sino de diagnóstico, presupuesto ejecutado y reforma. Un estado de emergencia sin inventario de activos, metas de reposición y cronograma de entrenamiento es apenas un horario extendido del improviso. Y mientras el Ejecutivo colecciona operativos relámpago, la delincuencia administra el territorio con logística, financiamiento y coordinación que nuestra policía, así de desarmada, no puede igualar.
La Contraloría hará su informe al Ministerio del Interior y a la PNP. Bien. Pero el círculo vicioso ya lo conocemos: se remiten recomendaciones, se anuncian “acciones correctivas” y el óxido vuelve a ganar. La PNP necesita refundación operativa, no adjetivos: compras públicas con estándares balísticos verificables, almacenamiento y mantenimiento con cadena de custodia, entrenamiento recurrente y evaluación independiente de aptitud de equipos; patrullaje sectorial con métricas públicas; centros de comando con interoperabilidad real; y una carrera policial que premie desempeño, no antigüedad.
Sin plan integral al 28 de julio de 2026, cada día suma víctimas y resta confianza. La seguridad no se decreta: se presupuesta, ejecuta y audita. O hay un tablero de control con metas trimestrales —armamento, chalecos, radios, flota, capacitación, patrullaje, tiempos de respuesta— o habrá otra gira por penales para la foto.
Reflexión final
Un país que enfrenta crimen organizado con chalecos vencidos no enfrenta: simula. La prioridad no es otro comunicado, es devolverle a la policía lo básico para proteger y exigirle resultados medibles. Todo lo demás es humedad en el techo y titulares de emergencia.