Gerente de la ONPE, preso por solicitar 60 mil dólares a candidata

Seis años de prisión efectiva para un exgerente de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE. Inhabilitación por cinco años para ejercer cargo público. Reparación civil de S/ 60 mil. Los hechos son tercos: Jonathan Guzmán intentó vender la voluntad popular por USD 60 000, según acreditó la Fiscalía Anticorrupción y confirmó el Poder Judicial el 5 de noviembre de 2025. No es un caso aislado ni una travesura burocrática: es un ataque directo al corazón del sistema electoral.

Que el soborno haya buscado manipular el sistema informático de recuento de votos desnuda la zona más sensible del proceso: la confianza técnica. No hablamos de un comité periférico, sino del área que custodia la trazabilidad de la suma de voluntades. La denuncia de la candidata de Barranca —grabación incluida, peritada acústicamente—, los registros telefónicos y los testimonios que sustentaron la sentencia, revelan una mecánica de captura: intermediarios ya sentenciados, oferta de “asegurar” resultados y un cálculo frío del costo de torcer la historia de una elección.

Esto duele más porque proviene de un órgano electoral. Cuando el árbitro hace trampa, el partido completo pierde legitimidad. La corrupción en el Perú es multiestrato, sí; pero en la autoridad electoral es sencillamente intolerable. Por eso, además de celebrar la condena, urge empujar reformas que cierren brechas: rotación obligatoria y aleatoria de funcionarios en puestos críticos, auditorías forenses externas y periódicas del software y de la cadena de custodia de datos, publicación proactiva de bitácoras y logs, canales de denuncia con protección real a quienes alertan y sanciones patrimoniales ejemplares, no simbólicas. Transparencia radical y vigilancia ciudadana sostenida; no comunicados templados.

La justicia llegó, y es una buena noticia. Pero una sentencia no repara, por sí sola, el daño a la confianza. La democracia se sostiene en procedimientos creíbles y en personas que entienden que el voto no se negocia. Si hoy el sistema respondió, mañana debe blindarse. La ONPE, los partidos, la academia, la prensa y la ciudadanía tienen tarea: convertir este escándalo en un punto de inflexión, no en otro eslabón del cinismo nacional.

Reflexión final
La urna no es una caja mágica: refleja lo que ponemos dentro y lo que permitimos afuera. Si toleramos atajos y silencios, la democracia se vacía. Si exigimos ética, controles y verdad, el voto recupera su dignidad. No hay término medio. Aquí se elige —otra vez— entre normalizar la trampa o defender la República. En La Caja Negra elegimos lo segundo.

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