Una cámara del Congreso en un mitin de Keiko Fujimori no es un “descuido”: es la postal de una institución que confunde servicio público con utilería partidaria. La moción de censura contra Fernando Rospigliosi, promovida por Ruth Luque y respaldada por Sigrid Bazán, Carlos Zevallos y Susel Paredes, no persigue un nombre: persigue una práctica. El problema es más hondo que un camarógrafo que “renuncia”. Es la captura de la neutralidad.
Cuando el presidente interino del Congreso responde con silencio administrativo y un responsable menor, envía un mensaje nítido: la cadena de mando se borra cuando conviene. Si un equipo oficial llegó a un mitin, hubo solicitud, autorización, traslado, instalación y retorno. ¿Dónde están las bitácoras, los oficios, las órdenes de servicio, las firmas? Sin esa trazabilidad, lo que queda es impunidad con membrete.
La defensa de Rospigliosi —lavarse las manos con una renuncia— es políticamente insostenible. La neutralidad electoral no se terceriza: se garantiza o se traiciona. Y aquí se traicionó. No es el primer sobresalto del fujimorismo con recursos públicos; por eso, la vara debe ser más alta, no más laxa. Mientras tanto, el Gobierno promulga una ley contra la extorsión en medio de tensiones con transportistas: seguridad sí, pero sin convertirla en coartada para normalizar ventajas indebidas en competencia política. Un Estado que reclama autoridad frente al crimen debe empezar por ordenar su propia casa.
Hablemos claro: sin auditoría independiente, suspensión preventiva de los responsables y publicación íntegra del procedimiento administrativo, esta crisis será otra carpeta archivada. Se necesitan protocolos públicos de uso de bienes, control cruzado de logística, sanciones administrativas y, si corresponde, denuncia penal. No es “persecución”; es la única forma de que el Congreso deje de ser sospechoso de favorecer a su propia bancada.
La censura a Rospigliosi no es capricho: es un cortafuego institucional. O se marca un precedente hoy, o mañana la línea entre Estado y partido será apenas una formalidad. El Parlamento no puede exigir reglas al país mientras las dobla en su beneficio.
Reflexión final
La Caja Negra defiende ética y justicia. Exijamos documentos, fechas, firmas y responsables. Sin neutralidad electoral, el voto se vacía y la democracia se encoge. No hacen falta adjetivos: basta mirar la escena. Una cámara del Congreso en un mitin es la evidencia. Lo demás es encubrimiento o coraje cívico. Y es hora de elegir.