La Fiscalía se ha reafirmado: 34 años de prisión para Pedro Castillo por rebelión y 25 para Betssy Chávez por su coautoría en el intento de golpe del 7 de diciembre de 2022. Si el tribunal recalifica a conspiración, el Ministerio Público pide 19 años y 30 días para el exmandatario (11 años, 5 meses y 15 días por conspiración; 10 meses y 15 días por abuso de autoridad; 6 años y 9 meses por grave perturbación). En paralelo, corre una cortina de humo: desinformación que circula como “prueba” y fotos sacadas de contexto. El país necesita menos ruido y más certeza.
El juicio se acerca a la sentencia—vamos rumbo a 80 audiencias—y la defensa insiste en un argumento repetido: “¿Dónde están las armas?”. La pregunta pretende simplificar un expediente que no se reduce a fusiles; se trata del quiebre del orden constitucional desde la más alta magistratura. La rebelión no es solo pólvora: es la decisión pública de disolver ilegalmente el Congreso, alterar el equilibrio de poderes y arrastrar al Estado a la anomia. Mientras tanto, la coimputada aguarda, asilada, un salvoconducto que, sin resolver su responsabilidad, ilustra la cicatriz diplomática que deja la imprevisión política. Y en esa sala, entre micrófonos que se apagan y retóricas inflamadas, lo esencial se diluye: la obligación del sistema de demostrar, con pruebas y debido proceso, qué ocurrió y quiénes respondieron por ello.
No se trata de celebrar penas ni de buscar trofeos carcelarios, sino de fijar un estándar: que nadie—nadie—esté por encima de la Constitución. La lentitud erosiona la confianza pública; la precipitación la traiciona. El tribunal debe hablar con contundencia y fundamento, y la Fiscalía sostener, sin atajos, cada extremo de su acusación. También corresponde desenmascarar la desinformación: en un proceso así, una foto engañosa contamina más que mil discursos.
Reflexión final
La democracia peruana ha sobrevivido demasiadas veces a punta de resiliencia ciudadana. Hoy necesita algo más: verdad judicial, transparencia institucional y un mensaje inequívoco a toda la clase política—oficialistas, opositores y aspirantes—de que saltarse las reglas tiene consecuencias reales. No pedimos venganza; exigimos justicia. Que la sentencia, cuando llegue, sea clara, probada y pedagógica. Solo así este juicio dejará de ser un interminable episodio y se convertirá en lo que debe ser: una lección democrática que marque límites y devuelva confianza.