El Perú supera los cien feminicidios en 2025. No es una fatalidad: es el resultado previsible de un sistema que fracasa donde debería ser infalible. La continuidad política —de la jefatura del Estado y del Ministerio del Interior— no ha corregido la inacción. Las alertas suenan; las instituciones no responden.
Hasta septiembre, el programa Warmi Ñan del MIMP registra 114 feminicidios. Lima concentra el 20,2%; Cusco y Junín, 8,8% cada una. El 65,8% de los crímenes proviene de parejas o exparejas. Los casos de Carabayllo, Callao y Arequipa comparten un patrón: denuncias previas, amenazas explícitas, protocolos no activados o mal ejecutados. La Ley 30364 obliga a valorar el riesgo y dictar medidas inmediatas; sin embargo, las comisarías no reciben denuncias, el retiro de armas se posterga, y las medidas de protección se dictan sin seguimiento. La Contraloría lo advirtió desde 2023: sin planes de seguridad ni articulación, las fichas y oficios son papel mojado. Mantener el mismo enfoque —y a veces a los mismos responsables— es una decisión política, no un accidente.
No faltan normas ni diagnósticos; falta debida diligencia. No basta culpar al “déficit de personal” cuando cada omisión puede costar la vida de una mujer. Tampoco es aceptable la relativización pública de la violencia de género: erosiona la confianza y alimenta la impunidad. La respuesta estatal se mide por resultados, no por conferencias de prensa.
Cuando el Estado llega tarde, el hogar —el lugar donde deberían cesar los peligros— se convierte en escena del crimen. Cada feminicidio anunciado devalúa el sentido mismo de la ley y normaliza la violencia como destino. Es un problema de seguridad ciudadana, salud pública y derechos humanos.
Lo que exigimos
1.Recepción obligatoria de toda denuncia y valoración de riesgo en 24 horas; retiro preventivo de armas y localización electrónica cuando corresponda.
2.Unidades 24/7 de seguimiento con metas trimestrales públicas; responsables identificados y sancionados por omisión.
3.Presupuesto protegido para refugios, patrocinio legal y atención psicológica; articulación real entre Policía, MIMP, Ministerio Público y Poder Judicial con alertas en tiempo real.
4.Formación obligatoria en violencia de género para policías, fiscales y jueces; evaluación y rotación donde persista el incumplimiento.
Un país que tolera feminicidios anunciados renuncia a su contrato moral. La primera obligación de cualquier gobierno es proteger la vida. El Perú no necesita más lamentos: necesita autoridad que actúe, metas que se cumplan y consecuencias cuando no se cumplan. La sociedad ya hizo su parte al denunciar; ahora el Estado debe hacer la suya antes—no después—de otra muerte evitable.