Era cuestión de tiempo. Martín Vizcarra, el expresidente que se vendió como adalid de la moral pública mientras vacunaba en secreto a su entorno, ha quedado fuera de las elecciones 2026. La ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia por Perú Primero, recordándole que la ley —aunque tarde— aún puede poner límites a la ambición política. El “lagarto”, como lo bautizó la calle, no fue devorado por sus enemigos, sino por su propio historial.
Vizcarra denuncia “arbitrariedad” y promete acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como si la democracia fuera una carta de salvoconducto personal. Habla de persecución política, pero olvida que fue inhabilitado por el Congreso en 2021 por el escándalo del Vacunagate: aquel episodio vergonzoso donde el presidente que predicaba sacrificio ciudadano se inmunizaba antes que los médicos que enfrentaban la pandemia sin oxígeno ni camas UCI. Esa traición pública no prescribe con discursos.
Ahora intenta reinventarse como víctima del sistema, cuando su propio partido —Perú Primero— ya reemplazó la fórmula presidencial. Él seguirá como “jefe de campaña”, disfraz de poder para quien no puede ocupar un cargo público. Su mensaje es el mismo que desgasta al país: promesas de “recuperar la confianza” y “seguir trabajando por el Perú que queremos”. Frases vacías de un político que ya tuvo la oportunidad de gobernar y terminó enlodando el discurso anticorrupción con las mismas prácticas que juró combatir.
Vizcarra simboliza la enfermedad crónica de la política peruana: la obsesión por regresar, por no soltar el escenario aunque el público lo haya abucheado. Como tantos otros, pretende convertir la sanción en relato heroico y la consecuencia en persecución. Lo que no dice es que el descrédito no viene de los tribunales, sino del espejo.
La ONPE actuó conforme a la ley. No hay arbitrariedad en impedir que un inhabilitado postule; hay un mínimo de decencia institucional. Vizcarra no es un perseguido, es un político que no acepta su final. Su exclusión no es censura: es consecuencia.
Reflexión final
El país no necesita más falsos redentores, sino memoria y justicia. Si cada inhabilitado busca regresar envuelto en el discurso de víctima, la democracia se convierte en parodia. 2026 no debe ser el año del retorno de los caídos, sino el inicio de una ciudadanía que castigue con el voto la mentira disfrazada de esperanza.