En un país con hospitales exhaustos, colegios que rezisten a punta de rifas y comisarías sin papel para imprimir denuncias, el Tribunal Constitucional decidió enviarnos una clase de prioridades públicas: desde diciembre, cada magistrado percibirá S/42,717.20 mensuales y, gracias a la gratificación, doble remuneración para cerrar el año con aplausos silenciosos. Todo amparado en la Ley 32408, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente José Jerí. La legalidad, ya se sabe, es el mejor blindaje para las decisiones impopulares.
La resolución firmada por la presidenta del TC, Luz Pacheco, y que beneficia también a Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Manuel Monteagudo, César Ochoa y Pedro Hernández, establece una nueva escala que eleva sueldos y organigramas. El total del Pleno bordea S/299,020.40 mensuales; el secretario general recibirá S/27,000; un secretario relator, S/22,800; el auxiliar, S/5,400. Nada de improvisaciones: la norma exceptúa al TC de la Ley de Presupuesto y autoriza concursos cerrados. Meritocracia de ventanilla única.
Mientras tanto, el Ejecutivo celebra “herramientas” para “actuar contundentemente” contra la delincuencia, esa que tiene secuestradas las calles. Contundencia es una palabra preciosa: suele brillar más en conferencias que en estadísticas. Porque la seguridad no se mide con eslóganes, se mide con sentencias y prevención; dos bienes escasos. Y aquí aparece el contraste incómodo: se acelera la maquinaria para remuneraciones en la cúspide institucional, pero seguimos con procesos penales que tardan años, víctimas que peregrinan y barrios donde la extorsión dicta horarios.
El TC, además, llega a este ajuste tras semanas en el centro del debate por decisiones controvertidas que marcaron la agenda. La sensación de desconexión con la ciudadanía es, por decir lo menos, persistente. ¿La promesa de “servicio público”? Se oye, se aplaude, pero no siempre se practica.
La pregunta no es si el incremento es legal; lo es. La pregunta es si es oportuno, justo y coherente con un país en emergencia social. Un Estado serio alinea incentivos con resultados: primero metas verificables (sentencias, plazos, transparencia), luego reconocimientos. Invertir el orden es pedagógico… para el cinismo.
Reflexión final
Gobernar es priorizar. Si el mensaje oficial es que la crisis puede esperar pero la gratificación no, entonces la ética pública quedó en stand by. El reto es simple y urgente: antes de premiarse, devuélvanle al ciudadano lo único que hoy no se le entrega a tiempo—justicia efectiva.