En el Perú, morir también es un acto de desigualdad. EsSalud, el mismo sistema que promete “cuidarte toda la vida”, valora la muerte de un asegurado en apenas S/2.070. Esa es la cantidad que el Estado considera suficiente para cubrir un entierro, una despedida y un duelo. Una cifra que ofende, que degrada y que desnuda la insensibilidad de un sistema que ya ni siquiera pretende ser justo. En un país donde el gasto público en consultorías supera los mil millones anuales, el subsidio por sepelio no solo es ridículo: es un insulto con membrete oficial.
El beneficio se presenta como una ayuda solidaria, pero en realidad es una humillación institucionalizada. Para recibir esa “prestación”, los deudos deben demostrar aportes, llenar formularios, presentar boletas y suplicar compasión a un sistema que los mira con frialdad contable. Ni siquiera la muerte libera de la burocracia. Quien no cumple con tres aportes consecutivos o cuatro no consecutivos queda fuera. EsSalud no reconoce el luto, solo los sellos.
Un ataúd básico cuesta más de S/2.500; una cremación sencilla, el doble; un nicho temporal en un cementerio público, cerca de S/1.800. Pero EsSalud sigue anclado en cifras del siglo pasado, como si los muertos de hoy vivieran en el Perú de 1980. Lo más perverso es el silencio institucional: ningún funcionario se atreve a decir que esta política es indigna, que las familias no deberían mendigar apoyo cuando el dolor es su única realidad.
En la práctica, este subsidio revela una verdad más amplia: el Estado peruano no entiende la palabra “dignidad”. Gestiona la salud como una planilla y la muerte como una estadística. No hay compasión, ni revisión de políticas, ni actualización acorde al costo real de la vida —o de la muerte—. Mientras los altos cargos del aparato estatal reciben bonificaciones y viáticos, las familias obreras tienen que juntar préstamos para enterrar a sus muertos. Es un contraste que duele, pero sobre todo, avergüenza.
Revisar este subsidio no es un asunto técnico, sino moral. No se trata de caridad, sino de justicia. Si el Estado puede financiar proyectos faraónicos y consultorías innecesarias, también puede garantizar que morir no sea una ruina económica. EsSalud debe actualizar el monto, eliminar los absurdos requisitos y devolver humanidad a su nombre.
Reflexión final
La dignidad no termina con la vida. El modo en que una sociedad trata a sus muertos refleja cuánto respeta a los vivos. Hoy, el Perú entierra a sus trabajadores con vergüenza. Y mientras EsSalud contabiliza centavos, las familias entienden —demasiado tarde— que en este país la muerte también se privatizó.