Cada semana el Congreso peruano confirma su propia reputación: la de ser el peor de la historia republicana. Ya no sorprende, pero sí indigna. Esta vez, las protagonistas del escándalo son las congresistas Kelly Portalatino y Ariana Orué, quienes han vuelto a transformar la institución en un espectáculo de impunidad. Mientras el país reclama seguridad, salud y empleo, sus “representantes” convierten el Parlamento en una pasarela de abusos, excusas y descaro político.
Kelly Portalatino, parlamentaria de Perú Libre, permitió el ingreso reiterado de su pareja —un exrecluso sentenciado por robo agravado— a su despacho congresal. No una, sino varias veces, por horas y sin vínculo laboral alguno. El Congreso, que se supone símbolo de probidad, se convierte así en oficina de visitas personales. Su defensa roza el absurdo: “Es de mi entera confianza”, declaró, justificando el delito como “un error humano”. Bajo ese criterio, pronto veremos a condenados dirigiendo comisiones “por derecho a reivindicarse”.
Mientras tanto, Ariana Orué, de Podemos Perú, utiliza a su trabajador parlamentario como chofer personal para llevarla al gimnasio y esperarla mientras termina su rutina. El empleado, pagado con dinero público, cobra S/3.100 mensuales por cumplir labores parlamentarias, no por sostener la botella de agua de su jefa. Como si fuera poco, Orué contrató como asesor a un socio de su hermana, cerrando así el círculo perfecto del nepotismo y el abuso del erario.
Ambos casos condensan el problema de fondo: la pérdida total del sentido de servicio público. Los congresistas actúan como si el Estado fuera una extensión de su vida privada. No hay noción de límites ni vergüenza institucional. Y lo más grave es que estos episodios ya no escandalizan: se han vuelto parte de la rutina política, como si la corrupción se hubiera institucionalizado y la indignación, anestesiado.
Mientras la criminalidad desborda las calles y el país exige reformas reales, el Congreso se hunde en su propia miseria moral. Los privilegios se multiplican, la ética desaparece y la confianza pública se evapora. Portalatino y Orué no son excepciones: son el reflejo de un sistema podrido que se autoprotege.
Reflexión final
El Congreso debería ser la casa de la ley, no el refugio del descaro. Pero cada escándalo confirma que sus muros albergan más intereses que principios. Cuando la decencia se vuelve una rareza en la política, el verdadero peligro no son las congresistas de turno, sino un país que se acostumbra a aplaudir el escándalo en lugar de exigir dignidad.