Mientras el país cuenta homicidios y extorsiones, desde el poder se cuentan sueldos. Magistrados del Tribunal Constitucional pasarán de S/35.017 a S/42.717; la diplomacia, de S/10.600 a S/20.000 para embajadores; y ya se cocina en el Congreso un proyecto para llevar a los miembros de la JNJ hasta S/42.700. No es un lapsus: es una política. El mensaje es nítido —primero la cúpula, luego el resto—, justo cuando la ciudadanía ajusta el cinturón.
El argumento técnico es conocido: “competitividad”, “atracción de talento”, “equiparación”. Nadie discute la necesidad de remuneraciones dignas ni de profesionales de alto nivel. El problema es el orden de prioridades y la opacidad del camino. La Ley 32408 abrió la puerta para que el TC se rija por el régimen privado, y una resolución interna escaló los montos no solo para magistrados, también para secretarías, jefaturas y procuradurías. En paralelo, el Ejecutivo duplicó la escala diplomática “sin demandar recursos adicionales”, es decir, recortando o reasignando dentro de la misma frazada corta.
El Congreso, que debería ser contrapeso, actúa de acelerador. Se impulsa elevar los ingresos de la JNJ en un contexto de legitimidad frágil y de instituciones desbordadas por el crimen. Y, como si fuera poco, el Parlamento acumula escándalos de uso irregular de personal y conflictos de interés. La foto es devastadora: mientras la economía ilegal se expande y la seguridad se resquebraja, el Estado formal proyecta un espejismo de abundancia puertas adentro.
La pregunta incómoda es de costo de oportunidad: ¿qué deja de financiarse cuando se priorizan estas alzas? ¿Inteligencia policial, prevención del delito, telesalud, mantenimiento escolar, jueces y fiscales de primera instancia, fiscalización de minería ilegal? Sin una matriz pública de impacto, sin metas verificables, los incrementos lucen como privilegio, no como reforma.
Gobernar es priorizar. Si los sueldos en la cúpula suben antes de ordenar los servicios esenciales, el mensaje que recibe la calle es que el Estado se gobierna a sí mismo. Y ese es el germen del cinismo social: cuando la gente percibe que paga más por menos, la confianza se evapora y la democracia se vuelve trámite.
Reflexión final
No se trata de negar salarios competitivos, sino de subordinar cualquier alza a tres condiciones: 1) transparencia total del costo y fuente de financiamiento; 2) indicadores de desempeño e integridad atados a resultados; 3) cronograma posterior —no previo— a la recuperación de servicios básicos. En tiempos de crisis, la ética pública empieza por el ejemplo. Y el ejemplo hoy es, dolorosamente, el contrario.