En el país del “mundo al revés”, el gas natural cruza Lima por ducto mientras Cusco —cuna del símbolo que nos vende al mundo— espera camiones. Es una postal de nuestra desigualdad energética: la modernidad para la capital, la logística cara y frágil para regiones que, paradójicamente, podrían liderar la transformación productiva del Perú. Lo hemos normalizado como si fuera inevitable. No lo es.
El diagnóstico es claro y repetido: sin demanda consolidada no habrá inversiones de largo aliento. Pero la política pública no puede resignarse a la inercia. Existe una ruta técnica: firmar de una vez la adenda con Cálidda para extender redes a siete regiones del centro-sur; movilizar una inversión estimada de US$550 millones para conectar 300 mil hogares en 15 localidades; y, mientras se construyen ramales, usar distribución “virtual” (GNL/GNC por camión) con reglas transitorias, no como coartada permanente. Eso requiere una arquitectura tarifaria honesta: subsidio cruzado vía FISE, tarifa única que incorpore a grandes consumidores y metas verificables de masificación.
El sur no necesita discursos: necesita moléculas a precio competitivo. El gas natural puede abaratar costos en minería y agroindustria, habilitar petroquímica básica, fertilizantes y calor de proceso para pymes. Esa es la diferencia entre una economía que exporta materias primas y otra que integra cadenas de valor. Pero la miopía política bloquea la ingeniería de proyectos: retrasos por cálculos electorales, señales contradictorias al regulador y presupuestos que priorizan anuncios sobre obras. El resultado: provincias pagando transporte por carretera —más caro, más inseguro, más contaminante— mientras el ducto mira hacia otro lado.
También hay una dimensión fiscal ineludible. Masificar cuesta, pero el costo de no hacerlo es mayor: seguimos subsidiando ineficiencias logísticas, perdiendo competitividad y condenando a hogares y comercios a energéticos más caros. Cualquier esquema debe resguardar el equilibrio macro: cronogramas realistas, metas de penetración por año, licitaciones transparentes y evaluación independiente del impacto en tarifas y cuentas públicas.
No es un problema técnico; es un problema de decisión. El Perú necesita un plan de masificación con cronograma, financiamiento, gobernanza y un principio simple: la distribución virtual es puente, no destino. Ductos donde sea viable, contratos que cierren, y responsabilidad para no hipotecar el fisco.
Reflexión final
Un país que tolera que su capital tenga ducto y sus regiones camiones no está “centralizado”: está resignado. La resignación no calienta calderas ni baja tarifas. Toca elegir: o seguimos manejando cisternas de excusas, o tendemos, por fin, la tubería de la equidad.