Viernes 14 de noviembre. Mientras que José Jerí y sus ministros repiten que “todo está bajo control”, las calles de Lima, Callao y varias regiones se llenan de transportistas y jóvenes de la Generación Z que marchan por algo tan básico como el derecho a llegar vivos a casa. El paro parcial, las marchas, las clases virtuales “por seguridad” y los planes de contingencia no son simples ajustes logísticos: son la confirmación de que la delincuencia tomó la delantera y el Estado llegó tarde… otra vez.
El mensaje de los gremios que hoy se movilizan es brutalmente simple: manejar una combi o un bus se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Extorsiones diarias, amenazas, “cupos” obligatorios, asesinatos selectivos. Más de diez transportistas asesinados recientemente no son cifra, son familias quebradas. Y mientras la sangre se seca en el asfalto, el Gobierno responde con mesas de diálogo que se instalan, se fotografían y se olvidan.
La división entre gremios que paran, marchan o se mantienen en actividad revela otra fractura: todos sienten el miedo, pero no todos confían en que el Estado los respalde si se exponen. Unos temen perder ingresos, otros ser marcados por mafias, otros ser utilizados políticamente. El único actor que no parece temer nada es la delincuencia, que avanza sin oposición real.
La Generación Z se suma porque entiende que la inseguridad ya no distingue edad ni oficio. Viajar en transporte público, salir del colegio, volver de la universidad o del trabajo es moverse en un país donde la extorsión se ha vuelto un impuesto paralelo. Que los jóvenes marchen mientras el Gobierno pide “prudencia” demuestra quién está asumiendo el costo del desgobierno y quién se limita a administrar el calendario.
El Minedu habilita clases virtuales por prevención, como si el gran logro fuera evitar que los escolares queden atrapados en un bloqueo y no que vivan en un país en el que la ruta al colegio podría cruzarse con una balacera. Se protege la rutina, no la vida. Y el discurso oficial se concentra en evitar el caos vehicular, como si el verdadero colapso no fuese moral y político.
El paro de transportistas de hoy no es solo una protesta sectorial: es un diagnóstico de país. Cuando quienes mueven la economía se detienen para pedir que no los maten, es porque la seguridad dejó de ser un servicio público y se convirtió en una ilusión. Un Gobierno que escucha más el ruido del tráfico que el clamor de los deudos no gobierna: administra emergencias.
Reflexión final
El Perú vive secuestrado por el miedo mientras el Estado negocia con la estadística. Los transportistas y la Generación Z ya salieron a la calle; falta que quienes ocupan el poder salgan, al menos, de su indiferencia. Porque cuando el país se paraliza por exigir seguridad, el verdadero paro es el de la autoridad que hace tiempo dejó de funcionar.