No es solo ruido: es termómetro. Una encuesta de CPI muestra que 65,6% de peruanos respaldó las marchas del 15 de octubre, con mayor adhesión en la costa y sierra sur y un apoyo significativo en Lima y Callao. La foto es nítida: la mayoría cree que protestar es legítimo cuando el Estado no responde. Y ya hay nuevo llamado a las calles para hoy en Plaza 2 de Mayo.
La cifra no es un capricho: condensa hartazgo. El ciudadano que sale a marchar no pide milagros; pide reglas claras, seguridad y políticas que funcionen. Si las denuncias por extorsión se disparan, si los homicidios no ceden y si la agenda pública se diluye entre el espectáculo y la improvisación, la calle se vuelve último recurso democrático. La convocatoria del 14 noviembre, anunciada por brigadistas y colectivos, no es patrimonio de un partido: es síntoma de un Estado que no consigue frenar la criminalidad ni ordenar prioridades.
El respaldo mayor en regiones dice mucho sobre la geografía del malestar: el sur que subsidia paciencia pero recibe menos Estado efectivo; la capital que, aun con recursos, vive sitiada por la inseguridad. La protesta, cuando es pacífica, hace lo que la política dejó de hacer: establecer prioridades y exigir cuentas. El mensaje es directo: seguridad con investigación criminal real, inteligencia financiera, control territorial y justicia que llegue a tiempo. La ciudadanía no compra más estados de emergencia sin métricas, ni reformas penales para el titular de la semana.
Que un 65% apoye marchas no habilita abusos; obliga a la autoridad a escuchar y a los organizadores a blindar la protesta de infiltrados y violencia. También interpela al Congreso: mientras tramitan alzas salariales y blindajes, el país exige leyes útiles contra las redes criminales, transparencia y fiscalización que duela donde debe: dinero, armas y mandos. La calle no quiere épica; quiere eficacia.
Si el 14 noviembre vuelve a llenar plazas, no será por moda, sino por vacío de resultados. Gobernar no es administrar la coyuntura: es reducir homicidios, quebrar extorsiones, desbaratar mafias y proteger derechos. Sin metas públicas, cronogramas y responsables visibles, la protesta seguirá siendo el canal principal de control político ciudadano.
La República
Reflexión final
La mayoría ya habló: protestar es legítimo cuando el poder oye pero no escucha. El reto es convertir ese clamor en política pública verificable. Menos discurso, más evidencia. Menos foto, más Estado. La calle ya hizo su parte; ahora le toca a la institucionalidad estar a la altura.