La advertencia es grave y no proviene de un sector ambientalista ni de un observatorio internacional, sino del principal gremio empresarial del país. La Confiep ha puesto en palabras lo que numerosos informes, comunidades afectadas y estudios técnicos han venido señalando desde hace años: ampliar nuevamente el Reinfo y reincorporar a miles de operadores excluidos no es formalización; es un incentivo directo para que la minería ilegal siga creciendo bajo el amparo del Estado.
El dictamen que se discute en la Comisión de Energía y Minas no solo extiende por dos años más la vigencia del Reinfo, sino que revive a miles de mineros que ya habían sido retirados por incumplir requisitos mínimos. Es decir, se premia a quienes nunca avanzaron hacia la legalidad y se les ofrece un nuevo refugio administrativo.
La propia Confiep lo califica como un retroceso que consolida “un sistema aprovechado por actores ilegales para continuar con operaciones que causan graves daños sociales y ambientales”. No se trata de una crítica menor: es la constatación de que el mecanismo temporal se ha convertido en un escudo para quienes explotan territorios prohibidos, simulan trámites y mantienen cadenas productivas profundamente irregulares.
La ampliación del Reinfo agrava, además, un problema que ya desborda a distintas regiones: la relación entre minería ilegal, trata de personas, violencia organizada, lavado de activos y destrucción ambiental. La presencia institucional del Estado en áreas mineras es débil, y las prórrogas reiteradas no han hecho más que fortalecer a redes criminales que se mimetizan bajo la etiqueta de “informales”.
Según la Confiep, esto representa un riesgo directo para la seguridad ciudadana, pues las operaciones ilegales financian economías paralelas capaces de captar mano de obra vulnerable, corromper autoridades y expandir la violencia.
A ello se suma un costo que el país no puede ignorar: la pérdida de credibilidad internacional. La ampliación del Reinfo contraviene los compromisos de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal y pone en riesgo sectores exportadores que dependen de estándares de sostenibilidad. No se trata solo de ecología: se trata de competitividad, tratados comerciales y reputación.
La Confiep insiste en que la formalización real requiere reglas claras, trazabilidad, fiscalización efectiva y una estrategia articulada entre el Estado, las comunidades y el sector privado. Sin estos elementos, las prórrogas indefinidas no son política pública: son un gesto político que legitima la simulación.
El Congreso tiene frente a sí una decisión que definirá el rumbo del país. Ampliar el Reinfo tal como está equivale a fortalecer a la minería ilegal y debilitar la seguridad ciudadana. Frenarlo sería defender la legalidad, el ambiente y la institucionalidad. La elección revelará, sin matices, a quiénes elige proteger el poder político.