El Congreso acaba de sellar su propia póliza de seguro. Con la Resolución Legislativa N.° 006-2025-2026-CR se aprobó el reglamento del nuevo Senado: 60 integrantes, mandato de cinco años, posibilidad de aumentar su número por ley orgánica, sedes inviolables y, sobre todo, una condición de indisolubilidad que lo coloca por encima de cualquier tormenta política. En un país que desconfía profundamente de su Parlamento, se diseña una cámara alta con blindaje reforzado.
La norma precisa que el Senado no puede ser disuelto, en concordancia con el artículo 134 de la Constitución. Si la Cámara de Diputados cae por una disolución constitucional, el Senado permanece en funciones, con todas sus atribuciones y recursos intactos. No entra en receso, no se toca su presupuesto, no se toca su aparato administrativo. En lenguaje sencillo: es la única institución política que se asegura un salvavidas mientras el resto del sistema se hunde.
No es solo estabilidad; es poder concentrado. El reglamento le encarga la función legislativa, de control político y de representación; además, ratifica tratados sensibles en derechos humanos, defensa nacional y deuda, y elige o ratifica a piezas clave del sistema de control: defensor del Pueblo, contralor, magistrados del Tribunal Constitucional, directores del BCR, jefe de la SBS, entre otros. Es decir, se le entrega la llave de los candados institucionales… justo al órgano menos sometido a riesgo político directo.
Para completar el cuadro, “los recintos e instalaciones del Senado son inviolables. Ninguna autoridad ni fuerza pública puede ingresar a ellos sin autorización previa y expresa del presidente del Senado”. La imagen es potente: en un país donde la policía entra a mercados y barrios tomados por la extorsión, el único lugar que la fuerza pública no puede pisar sin permiso es la cámara alta. El mensaje simbólico es devastador: el Estado se muestra débil fuera y extremadamente celoso hacia dentro.
Todo esto se aprobó en el marco de la Ley 31988, que restablece la bicameralidad pese a que, en 2018, la ciudadanía rechazó en referéndum una propuesta similar. La reforma llegó desde arriba, no desde un nuevo consenso social. Ahora, el reglamento convierte esa decisión en arquitectura de poder difícil de revertir.
Un Senado con funciones decisivas, recintos inviolables y condición de indisoluble puede ser una pieza de equilibrio… o un bunker para intereses corporativos. Todo dependerá de quién lo ocupe y con qué reglas de rendición de cuentas se le vigile. Hoy, el diseño luce asimétrico: se blindan las estructuras sin fortalecer los mecanismos ciudadanos para controlarlas.
Reflexión final
La pregunta no es solo cómo funcionará el nuevo Senado, sino para quién. Si se convierte en una cámara que revisa leyes, nombra autoridades y nunca se disuelve, pero sigue siendo opaca y distante, habremos creado un refugio de poder en pleno desierto de representación. La tarea ciudadana será clara: no dejar que este blindaje se transforme en impunidad con título de “cámara alta”, y exigir que cada prerrogativa venga acompañada de transparencia, controles reales y memoria larga.