El nuevo reglamento de vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, que regirá desde 2026, no corrige los abusos del pasado: los institucionaliza. Tras sacar del cargo a Martín Vizcarra (2020), Pedro Castillo (2022) y Dina Boluarte (2025), el Congreso se otorga ahora, con bicameralidad incluida, una pistola legal cargada y siempre al alcance de la mayoría de turno. No es un avance democrático: es la oficialización de un chantaje permanente sobre cualquier presidente.
Sobre el papel, el procedimiento luce impecable: moción firmada por 39 diputados, prioridad absoluta en la agenda, admisión con el 40% de votos, defensa presidencial, debate, votación con 87 diputados, remisión al Senado, nueva defensa, nuevo debate y decisión final. Es decir, dos cámaras, dos rondas, más micrófonos, más solemnidad. Pero la trampa está en la palabra que sostiene todo el mecanismo: “incapacidad moral permanente”, un concepto elástico que el reglamento no define con rigor y que la práctica reciente ha demostrado altamente manipulable.
En manos de un Parlamento con legitimidad erosionada y vocación de protagonismo, este procedimiento no es un seguro institucional, sino un recordatorio constante: ningún presidente gobierna sin la sombra de la vacancia sobre el escritorio. La Cámara de Diputados puede activar la alarma con 39 firmas; el mensaje es claro: hay votos, hay negociación. La bicameralidad, lejos de ser contrapeso, corre el riesgo de convertirse en doble escenario para la misma obra: presión, transacción, amenaza velada de destitución.
Se dirá que la experiencia de Castillo justifica herramientas fuertes, y que la presencia del Senado añadirá filtros. Pero un arma mal regulada no se vuelve menos peligrosa porque se guarde en un estuche más elegante. Sin criterios materiales precisos —conductas tipificadas, estándares probatorios altos, límites a la discrecionalidad política— la “incapacidad moral” seguirá siendo un cajón donde cabe casi todo: errores, discrepancias, conflictos, impopularidad o conveniencia electoral.
El Congreso sostiene que busca estabilidad; en la práctica consolida un modelo en el que tumbar presidentes es más fácil que construir gobiernos sólidos. La vacancia debería ser un remedio extremo para casos extremos, no la herramienta favorita de una clase política que ha normalizado el colapso como rutina. Si el país entra a 2026 con esta pistola política siempre lista, no será por falta de advertencias, sino por la decisión consciente de mantener a la Presidencia encadenada a la voluntad cambiante del Parlamento. En esa democracia, todos gobiernan mirando el calendario… y contando votos para la próxima vacancia.