En el Perú, el cáncer infantil no solo es una enfermedad: es una sentencia dictada por la indiferencia del Estado. Mientras la retórica oficial habla de “priorizar la salud”, la realidad es brutal: solo hay 27 oncólogos pediatras para más de 1.800 nuevos casos de cáncer infantil al año, según la OMS y registros del Colegio Médico del Perú. La planificación sanitaria no está en cuidados intensivos: está desaparecida.
La escena se repite con nombres distintos, pero con el mismo guion cruel. Padres que salen de Ayacucho, Cajamarca, Piura o Lambayeque rumbo a Lima sin diagnóstico claro, sin recursos y sin red de apoyo. Como el caso de Retman Huamán y su hijo Abel, obligados a dejar su comunidad para llegar al INEN y recién allí escuchar la palabra que nadie quiere oír: cáncer. Todo eso después de peregrinar por puestos de salud y hospitales que no tienen ni especialistas ni condiciones para atenderlos, como recogió RPP Data en su informe premiado.
Los números son un acta de acusación. La OMS estima más de 1.800 nuevos casos de cáncer infantil al año en el Perú; el CMP registra solo 27 oncólogos pediatras colegiados: 25 en Lima, uno en Arequipa y uno en La Libertad. La Amazonía, la macro sur andina, la selva central… son territorios donde el cáncer infantil se enfrenta más a la distancia y al pasaje que a la quimioterapia. Un informe de la OPS y el Ministerio de Salud calcula que se necesitan 128 especialistas más para una cobertura mínima decente. El Estado lo sabe y, sin embargo, la brecha se sigue tolerando como si fuera un detalle técnico.
Los Institutos Regionales de Cáncer —Iren Norte, Centro y Sur— reconocen que no están totalmente equipados para tratar a niños: falta infraestructura, ambientes estériles, personal especializado. Resultado: diagnósticos que terminan en una sola dirección, Lima, donde el INEN concentra la atención de todo el país y las listas de espera se estiran como si el tiempo fuera un lujo y no una urgencia vital. Mientras tanto, familias que gastan hasta 800 soles al mes solo en traslados y estadías hacen malabares para no abandonar el tratamiento.
No se trata solo de falta de médicos, sino de un modelo que acepta como normal que un niño enfermo cruce medio país para acceder a una cama. La “planificación” del Estado frente al cáncer infantil no es débil: es, sencillamente, inexistente. Cuando un país convive con la cifra de 27 especialistas para miles de niños y no lo convierte en prioridad nacional, no estamos ante un problema técnico, sino ante una decisión política.
Reflexión final
La pregunta ya no es por qué hay tan pocos oncólogos pediatras, sino por qué el Perú tolera esta aritmética de la desigualdad. Si el Estado puede reaccionar en días para decretar emergencias por delincuencia, también puede —y debe— declarar emergencia real por el cáncer infantil: plazas financiadas, formación acelerada de especialistas, fortalecimiento de los IREN, albergues dignos y un sistema que no obligue a las familias a elegir entre tratar a un hijo o comer. Todo lo demás es discurso. Y el cáncer, a diferencia de la política, no espera.