Rafael López Aliaga asegura que “se jodió la vida tres años” por asumir la alcaldía de Lima y que ahora, al postular a la Presidencia, vuelve a renunciar a su “libertad”. El relato pretende instalar la imagen del político abnegado, casi mártir moderno, que sufre por servir. Pero cuando las palabras se contraponen a los hechos —y a los contratos— la narrativa del sacrificio se tambalea. En una democracia debilitada, el país no necesita héroes autoproclamados, sino dirigentes capaces de responder por cada decisión tomada con dinero público.
López Aliaga sabía perfectamente a qué cargo llegaba. La Municipalidad de Lima no es un salto al vacío: es la vitrina política más grande del país. Renunció antes de terminar su mandato para convertirse nuevamente en candidato presidencial y, en paralelo, asegura que postula al Senado aunque le parece aburrido y prescindible. Aun así, acepta ir en lista “por arrastre”, como si el Parlamento fuese un trámite y no un contrapeso institucional. Resulta difícil conciliar su discurso de entrega total con esa instrumentalización del cargo público.
A la par, reivindica haber recibido la Municipalidad “en quiebra” y haberla saneado con austeridad férrea —sin consultorías, sin contratos inflados, sin “mermeladas”—, logrando un presunto ahorro de mil millones de soles anuales. Sin embargo, el caso de los trenes de Caltrain abre grietas profundas en ese relato. Lo que se presentó como una donación terminó costando más de 22 millones de dólares, con locomotoras guardadas en un parque municipal porque no había estudios ni obras mínimas para ponerlas en marcha.
Documentos obtenidos en Estados Unidos muestran incluso que una empresa privada condujo parte de la negociación y preparó documentación en nombre de la Municipalidad, mientras el exalcalde aparecía copiado en los correos y el proyecto se vendía como un gesto altruista. La pregunta es inevitable: ¿se puede hablar de sacrificio cuando una de las operaciones emblemáticas de la gestión termina siendo opaca, improvisada y realizada a espaldas de los procedimientos públicos más básicos?.
López Aliaga insiste en que “plata hay”, y justamente por eso el país merece claridad total sobre cómo se usa. No basta con frases efectistas sobre el esfuerzo personal o la renuncia a la libertad: la función pública exige rendición de cuentas, no épica. La austeridad proclamada pierde sentido cuando convive con decisiones sin sustento técnico ni transparencia documental.
Reflexión final
El 2026 no puede repetirse como un concurso de relatos personales. Quien aspire a gobernar debe demostrar que entiende que la confianza pública no se gana con eslóganes, sino con coherencia. El Perú no necesita candidatos que “se jodan la vida”, sino autoridades que no jueguen con la nuestra.