Un país que compra un avión “fantasma” al doble de su precio, a una empresa que no fabrica ese modelo y contra la advertencia explícita de la embajada del país fabricante, no es un país ingenuo: es un país en serios problemas éticos. El contrato por el Antonov AN-74 para la PNP, firmado por el Ministerio del Interior del gobierno de José Jerí, no es un simple error administrativo: es una vergüenza nacional e internacional que exhibe, una vez más, la ligereza con la que se manejan millones de dólares de dinero público.
Los hechos son tozudos. La embajada de Ucrania en Lima deja por escrito que solo Antonov, empresa estatal ucraniana, diseña y fabrica los aviones AN. Aclara que el AN-74 ya no se produce desde 2014 y que su precio ronda los 30 millones de dólares. Pese a ello, el Mininter adjudica a Aero Express FZE, una compañía de Emiratos Árabes Unidos que no es fabricante ni representante autorizada, un contrato por US$63,9 millones por un supuesto AN-74 “nuevo” que, según el fabricante original, es imposible que exista. Y aun así, la compra avanzó.
No es solo un tema de sobreprecio escandaloso —más del doble del valor referencial—, sino de desprecio por las propias reglas del concurso: se exigía aeronave de reciente fabricación y que el postor fuera fabricante. La empresa extranjera firmó una declaración jurada asegurando serlo; el embajador ucraniano dice categóricamente que no. Entre ambas versiones, el Ministerio del Interior decidió creerle a quien ofrecía el negocio más opaco, no a quien produce el avión.
La Contraloría confirma las irregularidades y el caso ya luce todos los ingredientes de un intento de estafa: proveedor sin autorización del fabricante, avión que ya no se produce, origen incierto de la aeronave ofertada y un precio inflado. Frente a esto, el gobierno de Jerí debería haber reaccionado con una sola respuesta posible: anular de inmediato la adjudicación, denunciar penalmente a los responsables y transparentar cada correo, cada informe, cada firma. Lo que vemos, en cambio, es silencio, justificaciones técnicas y una incómoda sensación de déjà vu.
Cuando un Estado está dispuesto a pagar casi 64 millones de dólares por un avión que el propio fabricante desconoce, el problema ya no es solo la corrupción posible, sino la desprotección absoluta de la ciudadanía frente a quienes administran el presupuesto público como si fuera botín y no responsabilidad.
Reflexión final
El Antonov “fantasma” no solo desnuda a un gobierno, desnuda a un sistema. Si este contrato no se revierte y se sanciona ejemplarmente, el mensaje será devastador: en el Perú se puede inflar precios, ignorar embajadas, doblar reglas y seguir como si nada. Y eso sí es un atentado directo contra cualquier intento de justicia.