La advertencia es concreta y documentada: una investigación de Perú21, reveló que 26 precandidatos al Congreso —al Senado y a la Cámara de Diputados— de siete organizaciones políticas figuran en el planillón que el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, presentó en 2011 al Jurado Nacional de Elecciones para inscribirse como partido. Ese trámite fue rechazado porque su ideario incluía el “Pensamiento Gonzalo”, incompatible con la Constitución y con una democracia que no debería tener dudas frente al terror.
No hablamos de un grupo aislado en un rincón ideológico. La lista alcanza a Perú Libre, Perú Primero, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos, Juntos por el Perú y la alianza Venceremos. Es decir, desde el partido que llevó a Pedro Castillo al poder hasta el fujimorismo que se presenta como antiterrorista por definición; desde el entorno de Martín Vizcarra hasta las estructuras regionales de César Acuña; desde el castillismo reagrupado en Juntos por el Perú hasta la izquierda que busca renovarse en Nuevo Perú y Voces del Pueblo. El mapa es transversal y políticamente incómodo.
En Perú Libre aparecen nueve nombres: desde Timoteo Cruz, vinculado en el pasado al Conare-Sutep ligado al Movadef, hasta Mery Lady Roncal, candidata al Senado por el Callao, pasando por figuras como Lucía Quispe, Paulino Fernández, Otoniel Choque, Luz Haydee Navarro o Yonathan Rojas. Todos figuran en el planillón de 2011 y hoy buscan un escaño o un curul andino. El partido responde que solo conocía un caso, que se firmó “por una nueva Constitución”, y que su único filtro es el Registro de Organizaciones Políticas del JNE. Una admisión reveladora: la selección de cuadros se terceriza, de facto, al Estado.
En Perú Primero, de Martín Vizcarra, están Estela Peña y Norma Villanueva; en APP, siete postulantes, entre ellos Gustavo Valdera, exasesor en el Congreso, y Walter Chambi, candidato al Senado por Puno. En Fuerza Popular, figuran Lenin Tafur —que llegó a asesorar la Comisión de Lucha contra el Terrorismo— y Cecilia Villanueva; ambos niegan haber firmado para el Movadef. En Podemos Perú, aparecen Faustina Quispe y Wilbert Ramos. En Juntos por el Perú, el excongresista Humberto Morales y Pedro Prieto; y en Venceremos, Bertha Milera y Adelma Quispe, dirigente aimara. Todos rechazan, hoy, cualquier vínculo.
El exjefe de la Dircote, general (r) José Baella, recuerda que estar en ese padrón genera suspicacia, aunque no descalifica legalmente a nadie, porque el Movadef es una organización proscrita, no un partido vigente. Por eso recomienda algo básico: un deslinde público, claro y sin ambigüedades.
Pero la discusión no puede quedarse en el mínimo legal. El problema de fondo es un sistema de partidos que ha renunciado a su filtro moral. Si basta con no aparecer en el ROP y jurar, a última hora, que “no sabían qué firmaban”, el mensaje es devastador: la memoria del terrorismo y sus víctimas se ha convertido en un trámite administrativo.
Rumbo al 2026, el país se enfrenta a una paradoja peligrosa: se multiplica el discurso contra la inseguridad y el crimen organizado, mientras se normaliza que quienes alguna vez dieron su firma al proyecto político del Movadef aspiren a redactar leyes y representar a la Nación sin ofrecer una explicación exhaustiva y verificable.
La responsabilidad es compartida. Los partidos deben retirar de sus listas a quienes no puedan sostener un deslinde convincente y revisar, por fin, sus mecanismos internos de selección. Y la ciudadanía, que carga con las heridas de la violencia, tiene el derecho —y el deber— de preguntar, de incomodar y de votar con memoria. Si en abril de 2026 el Congreso se llena de nombres marcados por ese planillón, no podremos decir que no fuimos advertidos.