La Contraloría no solo ha descubierto torres fuera de norma. Ha expuesto la radiografía de un país donde la “vivienda de interés social” se ha convertido en coartada para levantar rascacielos ilegales y altamente riesgosos. Edificios de hasta 28 pisos donde solo se permitían 10, licencias otorgadas a ciegas y un uso perverso de una ley pensada para ayudar a los que menos tienen. En Lima, una ciudad sísmica, esto no es solo ilegalidad: es una apuesta abierta contra la vida de miles de familias.
El dato es brutal: en 20 distritos auditados, 6 de cada 10 construcciones no pasó controles técnicos. No estamos ante un error aislado, sino ante un sistema que parece diseñado para que las inmobiliarias ganen y las normas estorben. Se otorgan licencias a proyectos que no respetan altura, ni parámetros urbanos, ni estudios estructurales mínimamente serios. La pregunta ya no es qué falló, sino cuántos miraron a otro lado al mismo tiempo.
El uso de la ley VIS es especialmente indignante. Una norma creada para facilitar vivienda digna a familias de ingresos bajos y medios se usa ahora como puerta trasera para construir torres de lujo disfrazadas de social. Departamentos ofertados por encima del tope legal, proyectos en áreas donde la VIS está prohibida, cambios de razón social para esquivar procesos de anulación. Todo suena menos a política habitacional y más a manual de ingeniería legal para maximizar utilidades.
Y detrás del abuso económico viene el riesgo estructural. Diseñar para 10 pisos y levantar casi el triple sin rediseño integral es jugar con la física… y con la muerte. Cimentaciones que podrían no soportar la carga real, núcleos rígidos insuficientes, diseño sísmico desfasado. En una ciudad que espera un gran sismo, estos edificios pueden convertirse en trampas verticales. No hablamos solo de “irregularidades”, hablamos de posibles escenarios de colapso con nombre y apellido institucional.
Responsables sobran: empresas que empujan los límites hasta romperlos, profesionales que firman expedientes dudosos, municipios que validan lo que no deberían y un Ministerio de Vivienda que deja que su principal herramienta social se convierta en paraguas del abuso. Todos forman parte de la misma cadena.
Si después de este informe no se anulan licencias, no se paralizan obras, no se sanciona a funcionarios y empresas, el mensaje será devastador: en el Perú no solo se puede construir fuera de norma, también se puede construir por encima de la vida.
Reflexión final
La “vivienda de interés social” no puede seguir siendo el disfraz técnico de un negocio que margina a los pobres y expone a los compradores. En una ciudad sísmica, permitir estas torres trampa no es desarrollo urbano: es un futuro acta de defunción anunciada.