El regreso del Congreso bicameral no solo reordena el mapa legislativo: redefine el equilibrio del poder político en un país donde la vacancia presidencial se convirtió en herramienta de supervivencia, chantaje y cálculo partidario. Desde 2026, destituir a un presidente por incapacidad moral ya no dependerá de un único pleno, sino de dos cámaras, dos votaciones calificadas y dos correlaciones de fuerza distintas. Un cambio profundo en apariencia institucional, pero que exige preguntarse si realmente fortalecerá la democracia o si solo añadirá otra capa de blindaje en un sistema tomado por la fragmentación y la desconfianza.
La nueva arquitectura señala que la Cámara de Diputados requerirá dos tercios para iniciar una vacancia, y el Senado deberá aprobarla con el mismo umbral. En un Congreso atomizado —entre 8 y 10 partidos proyectados, sin liderazgos sólidos, sin mayorías absolutas y con más del 55% del electorado aún sin decisión—, alcanzar esos consensos será casi imposible. La consecuencia inmediata: el Ejecutivo quedará menos expuesto a la inestabilidad crónica que tumbó a Vizcarra, Castillo y Boluarte, pero también más protegido frente a eventuales cuestionamientos serios. El péndulo siempre regresa, pero no siempre hacia el equilibrio.
El bicameralismo trae orden, sí, pero también restricciones. No se podrán crear nuevas bancadas improvisadas ni “alquileres de curules”, una práctica que en el unicameralismo se convirtió en moneda corriente. Los diputados que renuncien a su bancada solo podrán integrarse —una vez— a otra existente y no podrán dirigir comisiones ni postular a la Mesa Directiva hasta un periodo después. Un candado para contener el transfuguismo, pero también un arma para disciplinar políticamente.
Mientras tanto, el Senado, con funciones más selectas, revisará leyes y elegirá altas autoridades: defensor del Pueblo, contralor, magistrados del TC. Un poder inmenso en manos de apenas 60 personas. ¿Mayor equilibrio o mayor concentración? Dependerá, una vez más, de quién gane el control interno.
El analista Luis Benavente apunta una ventaja clara: una cámara que legisla y otra que revisa evita leyes improvisadas, aceleradas o inspiradas por lobbies oportunistas. Pero también advierte la contra: legislaciones que pueden tardar demasiado en un país que ya vive atrapado en la lentitud institucional.
La bicameralidad es una herramienta, no una solución. Puede ordenar, refinar y equilibrar, pero no corrige por sí sola la crisis más profunda del sistema político: la precariedad de los partidos, la ausencia de liderazgos y la captura del Estado por intereses de corto plazo.
Reflexión final
El Perú no necesita más cámaras, necesita más democracia. Sin reforma política real, sin partidos decentes, sin instituciones independientes, cualquier modelo —unicameral o bicameral— será solo un edificio elegante construido sobre arena.