Cuando son los transportistas los que hablan de “terrorismo urbano” y “abandono del Estado”, algo está muy roto. La organización TU – Transporte Unido, que agrupa a empresas de los cuatro conos de Lima, ha advertido que podría convocar un paro general de 48 horas si continúan los atentados contra choferes, tras el ataque al conductor de la empresa San Germán en San Martín de Porres. No es solo una amenaza gremial: es un grito desesperado desde la primera línea de una ciudad secuestrada por la extorsión.
El comunicado de Transporte Unido es, en realidad, una radiografía de la impotencia oficial. Denuncian el incremento de la violencia contra el transporte urbano y apuntan directo al corazón del problema: el modelo operativo del gobierno frente al crimen es ineficaz. En otras palabras, mientras el presidente José Jerí repite la fórmula de estado de emergencia, operativos relámpago y ruedas de prensa, los sicarios y extorsionadores mantienen el control de las rutas.
Las exigencias del gremio son tan básicas como incómodas para el poder político: captura de los responsables del atentado, ampliación del estado de emergencia con medidas reales, neutralización de bandas —incluidos grupos criminales extranjeros— mediante operaciones sostenidas y control territorial de verdad, no solo patrulleros de paso. Piden despliegue de Fuerzas Armadas y Policía, bases militares móviles en zonas críticas y fronteras, y algo que parece ciencia ficción en el Perú: mesas técnicas con seguimiento y rendición de cuentas.
La respuesta del gobierno, hasta ahora, se parece demasiado a lo de siempre: declaraciones, fotos, promesas. El mensaje que reciben choferes y cobradores es otro: están solos. Por eso el paro de 48 horas no es solo una medida gremial; es el síntoma de que la paciencia se agotó y que la línea entre protesta y supervivencia se ha vuelto muy delgada.
Cuando quienes mueven a la ciudad sienten que el Estado no los protege, el sistema entero entra en zona de riesgo. Un paro de transporte no solo bloquea vías: desnuda la fragilidad de un modelo de seguridad que no logra garantizar lo mínimo: que un chofer salga a trabajar sin preguntarse si va a regresar vivo.
Reflexión final
El comunicado de Transporte Unido es una advertencia, pero también un ultimátum político: o José Jerí toma el volante de la seguridad con un plan integral, sostenido y medible, o la ciudad seguirá al mando de las mafias. Porque cuando los transportistas amenazan con parar para defender su vida, el verdadero paro ya empezó: el de un Estado que todavía no arranca.