De vez en cuando, Indecopi se acuerda de que su razón de ser es proteger a los consumidores. Hoy lo hace lanzando una alerta por casi mil motocicletas con riesgo de incendio y por baterías y cargadores que pueden sobrecalentarse hasta prenderse fuego. Bienvenida la reacción, pero la pregunta incómoda es inevitable: ¿cuánto tiempo estuvieron esos productos circulando, vendiéndose, usándose en casas y calles del país antes de que el Estado abriera los ojos?.
La entidad informa que 969 motos KTM y Husqvarna deben ser revisadas de urgencia por un defecto en el tapón del tanque de combustible que puede generar fugas y, bajo ciertas condiciones, incendios. La instrucción es clara: dejar de usar las unidades hasta nueva revisión. Lo mismo con baterías externas y cargadores Belkin con fallas internas capaces de provocar sobrecalentamiento y fuego. Todo correcto en el papel. El problema es que, otra vez, Indecopi aparece al final de la historia, nunca al comienzo.
En un mercado inundado de tecnología, motos de alta gama, cargadores “inteligentes” y dispositivos importados de todo el mundo, el consumidor peruano está prácticamente solo. La mayor parte de alertas no nace de una vigilancia activa del Estado, sino de reportes de las propias empresas cuando el problema ya es inocultable en otros países. Es decir, la alarma suena cuando el producto ya fue vendido, usado y, en el peor de los casos, causó incidentes que no siempre se registran ni se investigan.
La reacción de Indecopi es reactiva, no preventiva. Abre canales de contacto, publica formularios, recomienda no usar los productos, pero no explica con la misma fuerza cuántos años llevan en el mercado, si hubo reportes previos ignorados, ni qué sanciones enfrentarán las empresas si no actúan con la velocidad debida. El mensaje implícito es peligroso: “si algo sale mal, veremos qué hacemos después”.
En un país donde ya se normalizó vivir con miedo a la calle, ahora se suma la desconfianza hacia lo que enchufamos, cargamos o manejamos. Y el Estado, que debería adelantarse al riesgo, se limita a comunicarlo cuando ya está instalado.
Que Indecopi alerte está bien; que siempre alerte tarde es inaceptable. La protección al consumidor no puede depender de la buena voluntad de las marcas ni de la suerte de que un defecto se haga viral. Debe basarse en supervisión constante, pruebas aleatorias, coordinación internacional y sanciones ejemplares.
Reflexión final
Un país serio no espera a que una moto arda o una batería reviente en una sala para recién tomar nota. La verdadera defensa del consumidor no es el comunicado después del incendio, sino el control que lo evita. Y en eso, el Estado peruano sigue, peligrosamente, dormido a medio incendio.