En el Perú, el Código Civil dice que las deudas prescriben a los 10 años. Sobre el papel, parece un respiro para quien no puede pagar; en la práctica, es un laberinto donde el ciudadano camina a oscuras y los bancos conocen cada recoveco. La prescripción no es automática, requiere un proceso judicial y, mientras tanto, el deudor carga con llamadas, cartas, amenazas de embargo y un historial crediticio marcado a fuego. La ley existe, pero el acceso a ese derecho es profundamente desigual.
El mensaje jurídico es claro: si el acreedor no toma acciones legales en 10 años, el deudor puede solicitar que la deuda prescriba. Pero “puede” no significa “sabe cómo” ni “tiene recursos para hacerlo”. Para llegar a esa extinción se requiere abogado, demanda y tiempo frente a un sistema de justicia saturado. Del otro lado, los bancos despliegan un arsenal de mecanismos de presión perfectamente afinados: demandas por obligación de dar suma de dinero, medidas cautelares sobre propiedades, anotaciones en registros públicos, embargos y remates.
No se trata de negar el derecho de los acreedores a cobrar —la responsabilidad de pago es parte del contrato social—, sino de reconocer que el tablero está inclinado. La misma norma que fija un límite temporal se vuelve letra muerta para la mayoría, mientras las entidades financieras sí tienen equipos legales preparados para actuar mucho antes de que la década se cumpla. El ciudadano común escucha que “a los 10 años la deuda se borra”, pero nadie le explica que, si ya hubo demanda, anotación o embargo, la historia es otra.
Aun cuando la deuda prescribe, el castigo continúa: permanecer en centrales de riesgo hasta cinco años, con un historial que cierra puertas a créditos futuros, vivienda propia o incluso empleo formal. La etiqueta de “mal pagador” persiste más allá del plazo legal, en un país donde el sistema financiero es indispensable para acceder a oportunidades básicas. El olvido jurídico no borra el estigma económico.
Hoy, la prescripción de deudas es más un privilegio informativo que una garantía efectiva. Quien tiene abogado y paciencia puede llegar al final del camino; quien no, queda atrapado entre la presión bancaria y la desinformación. El Estado mira de lejos, como si el desequilibrio entre gigantes financieros y deudores atomizados fuera un asunto privado.
Reflexión final
Hablar de deudas en el Perú no es solo hablar de números, sino de poder. Si queremos un sistema que sancione el abuso, de ambos lados, necesitamos reglas claras, educación financiera masiva y supervisión real a las prácticas de cobranza. La prescripción no debería ser un truco escondido en el Código Civil, sino una pieza transparente de un modelo que, por fin, trate al ciudadano como algo más que una cifra en rojo.