Las elecciones del 2026 ya dejaron al descubierto su peor rostro antes de que se imprima la primera cédula: partidos que publican tarifarios para senadores y diputados como si fueran paquetes turísticos. El mensaje es brutal y transparente: detrás de muchas organizaciones políticas no está el propósito de servir al país, sino de servirse de él. La candidatura deja de ser un mandato ciudadano para convertirse en mercancía.
Los ejemplos sobran. Podemos Perú, de José Luna Gálvez, fija 37 mil soles para quien quiera postular por Lima y casi 27 mil para quienes aspiren desde regiones. No se trata de cubrir modestos costos administrativos: es una barrera económica que abre la puerta a quien tiene chequera y la cierra a cualquier dirigente de base sin respaldo financiero. La política como negocio, ajustada a tarifa.
Más escandaloso aún es el caso de Ahora Nación, el partido de Alfonso López Chau. Cobrar 80 mil soles por un lugar en la lista al Senado no solo es un despropósito ético; es un síntoma claro de la lógica con que algunos entienden la participación: si es probable que no pases la valla, al menos aseguras “vuelto” con lo recaudado. En vez de construir representación, se construye caja.
Nada de esto surge de la nada. Durante años se toleraron los llamados “vientres de alquiler” partidarios: grupos sin vida orgánica que arrendaban su inscripción para que terceros postulen sin haber construido militancia ni ideas. Hoy ya vamos un paso más allá: ni siquiera se disimula. La tarifa se pone por escrito y se envía al WhatsApp del aspirante.
En este contexto, la “sorpresa” por los vínculos de congresistas con economías ilegales suena hipócrita. Si el acceso a la lista fue una inversión de decenas de miles de soles, la tentación de recuperar y multiplicar esa inversión en el ejercicio del cargo se vuelve parte del modelo de negocio. De allí a las redes de corrupción, hay un solo tramo.
El empobrecimiento moral de una parte de la clase política es tan profundo que ya ni siquiera siente la necesidad de guardar las apariencias. Lo que debería ser un mecanismo para que las mejores voces del país lleguen al Congreso se ha convertido en una subasta de cupos, donde el billete pesa más que la trayectoria, la probidad o las propuestas.
Reflexión final
Si aceptamos sin protesta que las candidaturas se vendan al mejor postor, no podremos fingir sorpresa cuando el próximo Parlamento legisle para sus financiadores y no para la ciudadanía. La verdadera pregunta para el 2026 no es solo por quién votaremos, sino cuánto estamos dispuestos a tolerar que el poder se compre, se revenda y se amortice como cualquier negocio más.