A un mes del estado de emergencia en Lima y Callao, la realidad ha desmentido al discurso oficial. Entre el 22 de octubre y el 18 de noviembre se registraron 54 homicidios en estas dos jurisdicciones, mientras que a nivel nacional, en lo que va del Gobierno de José Jerí, el SINADEF reporta 213 asesinatos: un promedio de 5,33 homicidios diarios, la cifra más alta desde 2017. Frente a estos datos, la prórroga del estado de emergencia luce menos como una política de seguridad y más como una reacción automática sin rumbo definido.
Lejos de reducir la violencia, la medida convive con ella. Lima norte concentra la mitad de los asesinatos durante la emergencia; distritos como San Martín de Porres, Ate, Puente Piedra, Villa El Salvador, Los Olivos y Carabayllo suman 31 homicidios en 26 días, 28 de ellos con arma de fuego. En Lima, el 88% de los crímenes se comete a balazos. Pese a ello, el Gobierno ha optado por una estrategia centrada en la presencia militar y policial visible, visitas a penales y comisarías y anuncios reiterados, pero sin metas cuantificables ni objetivos claramente comunicados a la ciudadanía.
Expertos en seguridad han señalado con claridad el núcleo del problema: no hay una inteligencia criminal capaz de anticipar, mapear y desarticular a las organizaciones detrás del sicariato y la extorsión. Se interviene en la fase final del delito —el disparo, el atentado, el cobro—, pero no en las estructuras que lo planifican desde los penales y las redes territoriales. Sin digitalización masiva de denuncias, sin cruzar información con el Ministerio Público, sin control riguroso de las cárceles ni trazabilidad efectiva de motos y armas, el estado de emergencia se convierte en un dispositivo principalmente simbólico.
En el plano político, la apuesta es clara: proyectar acción y firmeza. Pero cuando los homicidios aumentan y las organizaciones criminales mantienen su capacidad de fuego, el símbolo se vacía y se transforma en un recordatorio de la fragilidad estatal. Un gobierno que prorroga una medida sin demostrar resultados verificables corre el riesgo de normalizar la excepcionalidad y banalizar la violencia.
La seguridad ciudadana exige algo más que uniformes y conferencias: requiere metas públicas de reducción de homicidios, reporte transparente de bandas desarticuladas y evaluación periódica de resultados. Si el país acepta vivir en un “estado de emergencia permanente” con cifras crecientes de homicidios, lo que queda en verdadera emergencia no es solo la seguridad, sino la credibilidad del Estado y la vigencia misma de la promesa de justicia para sus ciudadanos.