Indecopi acaba de descubrir –después de 14 años– que un grupo de laboratorios y distribuidoras se coludió para manipular licitaciones de medicamentos del Estado. Más de S/ 539 millones en multas para 13 empresas y sanción a cinco ejecutivos suenan a golpe ejemplar. Pero cuando uno revisa las fechas, los nombres y el impacto, la sensación no es de justicia, sino de indignación: el Estado “despierta” cuando el daño ya se extendió por más de una década sobre los pacientes más vulnerables.
Entre diciembre de 2006 y febrero de 2020, según Indecopi, estas empresas coordinaron quién ofertaba, quién se abstenía y a qué precio, en licitaciones para MINSA, Essalud y CENARES. No hablamos de golosinas: hablamos de soluciones como cloruro de sodio, antibióticos como amoxicilina, azitromicina y meropenem, fármacos oncológicos como paclitaxel y temozolomida, inmunosupresores como metotrexato y antianémicos como sulfato ferroso. Es decir, la columna vertebral de tratamientos básicos y de alta complejidad.
El cartel sancionado incluye a: B Braun Medical Peru S.A., Instituto Quimioterápico S.A., Laboratorios AC Farma S.A., Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L., Laboratorios Americanos S.A., Laboratorios Lansier S.A.C., Pharmagen S.A.C., OQ Pharma S.A.C., Laboratorios Portugal S.R.L., Laboratorios Unidos S.A., Medifarma S.A., Pereda Distribuidores S.R.L. y Teva Perú S.A. Trece nombres, un mismo patrón: convertir la necesidad de salud en un espacio de coordinación silenciosa para inflar precios y repartir el botín de las licitaciones.
La multa es histórica, sí. Pero la historia que revela es más grave: el Estado tardó 14 años en reconocer lo que muchas veces se intuía desde hospitales desabastecidos y pacientes rebotados. Como advierte Hernando Cevallos, no es solo colusión empresarial: es un sistema que permitió que “dos o tres empresas manejen el 80 o 90 %” del mercado de medicamentos, con reguladores débiles, direcciones inestables y compras poco vigiladas.
Hoy Indecopi exhibe su resolución como trofeo, pero la foto completa muestra algo incómodo: mientras el cartel operaba, miles de peruanos enfrentaban listas de espera, desabastecimiento y tratamientos incompletos. El daño no se mide solo en UIT: se mide en diagnósticos agravados, cánceres mal tratados, infecciones mal controladas.
Reflexión final
Si este caso se cierra en una nota de prensa y programas de “cumplimiento” interno, habremos normalizado que lucrar con la salud pública es un riesgo manejable de hacer negocios. La verdadera defensa de la ética y la justicia exige algo más radical: romper la captura del Estado por intereses privados y construir un sistema donde ningún laboratorio pueda volver a tratar la vida de los pacientes como una variable más en su hoja de Excel.