El lunes, la Corte Suprema no solo revisará un recurso fiscal: pondrá en vitrina el verdadero rostro de la justicia peruana frente al poder político. El caso ‘Cirugías’, que investiga a la expresidenta Dina Boluarte por presunta negociación incompatible, es mucho más que un expediente técnico. Es la oportunidad de saber si las instituciones están dispuestas a asegurar la rendición de cuentas o si seguirán perfeccionando el arte de mirar hacia otro lado.
La Fiscalía sostiene que Boluarte habría movido hilos en EsSalud para beneficiar a allegados vinculados a las operaciones estéticas que se le atribuyen. En un país con servicios colapsados, la sospecha es brutal: mientras miles esperan meses por una atención, el poder habría usado el aparato público como consultorio privado. No es un desliz administrativo; es la sombra de un Estado capturado para fines personales.
Pese a ello, el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó en primera instancia el impedimento de salida por 18 meses. Consideró que no había elementos suficientes ni riesgo de fuga. Es una lectura generosa en un país donde exautoridades han cruzado fronteras, pedido asilo o se han refugiado en embajadas justo cuando la justicia empezaba a alcanzarlas. La apelación fiscal es, en ese contexto, un mínimo acto de defensa institucional.
La Sala Penal Permanente tiene ahora la palabra. No se le pide una condena anticipada, sino algo elemental: garantizar que la investigada permanezca en el país mientras se esclarece si usó el cargo para favorecer intereses privados. En un escenario marcado por investigaciones pendientes, muertos sin justicia y un historial de impunidad, minimizar el riesgo de fuga no es prudencia: es complicidad pasiva.
Si la Corte vuelve a cerrar los ojos y niega el impedimento de salida, enviará un mensaje devastador: que incluso después de dejar Palacio, el poder sigue teniendo pista libre para negociar su destino. Que la justicia es valiente con el ciudadano común y extraordinariamente indulgente con quienes ocuparon el sillón presidencial. Si, en cambio, aprueba la medida, no se resolverán todos los males, pero al menos quedará claro que el cargo ya no equivale a pase vip fuera del país.
Reflexión final
El Perú está cansado de ver cómo los casos se archivan, los testigos se diluyen y los implicados embarcan. La pregunta ya no es solo qué hará la Corte con Boluarte, sino qué aceptará tolerar la ciudadanía. O la justicia empieza a cerrar puertas antes de que despeguen las fugas, o seguiremos confirmando que, en esta República, la única condena segura es la de vivir bajo la impunidad.