El 2025 quedará marcado como el año en que el Perú normalizó una cifra brutal: más de 7 homicidios diarios en promedio. Agosto, con 221 asesinatos a nivel nacional y 90 en Lima y Callao, es el símbolo más crudo de una tendencia que no cede. Frente a ese escenario, la respuesta del Gobierno de José Jerí ha sido reiterar estados de emergencia, reforzar patrullajes y visitar cárceles y comisarías ante cámaras, pero sin un verdadero plan integral nacional contra el crimen organizado.
Las cifras del Sinadef no son un inventario frío, son la constatación de una política de seguridad reactiva y fragmentada. Enero registró 207 homicidios, abril 204, julio 188 y agosto 221. En Lima y Callao, los picos de 82 homicidios en enero, 81 en marzo y 90 en agosto evidencian que los operativos “especiales” no han logrado revertir la violencia letal en los territorios más críticos. El promedio mensual se mueve, pero nunca cae de manera sostenida: la curva se ondula, no se quiebra.
La pregunta es inevitable: ¿qué hay detrás de esta reiteración de estados de emergencia sin resultados contundentes? No se conocen metas públicas de reducción de homicidios, ni indicadores verificables de desarticulación de bandas, ni un esquema claro de coordinación entre Policía, Ministerio Público y sistema penitenciario. La herramienta estadística existe —el Sinadef ofrece datos en tiempo casi real—, pero el Gobierno no la traduce en una estrategia visible, evaluable y sometida a rendición de cuentas.
Mientras tanto, la ciudadanía vive atrapada entre la extorsión, el sicariato y la sensación de orfandad institucional. El mensaje que se instala es peligroso: podemos convivir con cifras de guerra interna siempre que haya uniformes en las calles y conferencias de prensa. Esa lógica vacía el sentido mismo de la excepción; el estado de emergencia deja de ser un recurso extremo y se convierte en rutina administrativa.
Un gobierno que se dice comprometido con la seguridad no puede limitarse a administrar la estadística del horror. Es urgente un plan nacional de seguridad ciudadana basado en inteligencia criminal, control real de penales, trazabilidad de armas y vehículos, y metas públicas de reducción de homicidios. Lo contrario es resignarse a contar muertos. Y un país que se acostumbra a contar muertos renuncia, en silencio, a la promesa básica de cualquier Estado: proteger la vida de su gente.