En el papel, el Perú se declara “plurinacional”, “intercultural” y comprometido con la Amazonía. En la realidad, los pueblos indígenas de Loreto siguen con metales pesados en la sangre y petróleo en el agua… y con menos presupuesto de salud. Por tercer año consecutivo, el Estado recorta el dinero destinado al Plan de Salud Integral e Intercultural para comunidades afectadas por la contaminación petrolera. Los recortes de 2024 y 2025 se hicieron bajo el gobierno de Dina Boluarte; el tijeretazo para el 2026 ya lleva la firma política de José Jerí. Cambian los nombres, se repite el mismo desprecio.
El plan fue construido junto con las organizaciones indígenas para atender a unas 65.000 personas de 446 comunidades y 7 distritos de Loreto, expuestas a hidrocarburos y metales pesados en los lotes 192 y 8 y en las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Se acordó un presupuesto de S/18 millones anuales. En la práctica, Boluarte primero y Jerí después han decidido destinar solo S/6,25 millones: menos de la mitad de lo prometido.
No es un error contable, es una política continuada. Las comunidades denuncian brigadas que llegan “a visitarte, pero no a atenderte”: equipos sin medicinas suficientes, sin continuidad, sin infraestructura. Los líderes indígenas deben mendigar donaciones para cubrir lo que el Estado recorta desde Lima. La foto es brutal: territorios cruzados por oleoductos, niñas y niños con malformaciones, familias bebiendo agua contaminada… y un Excel ministerial donde la salud indígena aparece como partida “ajustable”.
Mientras tanto, los derrames petroleros se acumulan y el brote de tos ferina golpea Loreto con fuerza. En lugar de reforzar el sistema sanitario en la zona más vulnerable, el mensaje que dan Boluarte y Jerí, cada uno en su turno, es que hay prioridades más urgentes que esas vidas marcadas por el extractivismo. Si el desastre hubiera ocurrido en un distrito limeño acomodado, nadie se imaginaría un recorte en pleno incendio.
El recorte del 2026 no es un hecho aislado: es la continuidad de una línea de gobierno que considera prescindibles a los pueblos indígenas. Dos gestiones, una misma decisión: prometer en mesas técnicas y recortar en el presupuesto. La traducción política es clara: hay vidas que pesan menos que un lote petrolero.
Reflexión final
Un Estado que mira a comunidades con metales en la sangre y, aun así, reduce el presupuesto para atenderlas, no es solo un Estado ineficiente: es un Estado que eligió quién puede seguir enfermando. Si de verdad hablamos de ética y justicia, el mínimo exigible es restituir íntegramente el Plan de Salud Integral e Intercultural y dejar de tratar a los pueblos indígenas como la variable de ajuste fiscal de turno, sea bajo Boluarte, bajo Jerí o bajo quien venga después.