El reciente informe de UNICEF y el INEI es algo más que un documento técnico: es un acta de acusación contra el Estado peruano. En una década marcada por siete presidentes, congresos fragmentados y gobiernos fugaces, el país no solo ha incumplido los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más básicos; ha fallado, de manera reiterada, a sus niñas, niños y adolescentes. Fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, educación de calidad, paz y justicia: las metas estaban claras, las cifras hoy muestran lo contrario.
Los datos son contundentes. En 2024, el 36,6% de niñas, niños y adolescentes vive en pobreza monetaria y el 8,2% en pobreza extrema. Más de uno de cada cinco presenta al menos una necesidad básica insatisfecha, y menos de un tercio reside en hogares con adultos afiliados a un sistema previsional. Es decir: pobreza presente y vulnerabilidad futura. El país destinó crecientes recursos a programas como Qali Warma y Cuna Más —presupuestos que prácticamente se duplicaron—, pero sin lograr las metas. No ha faltado dinero; ha faltado eficacia, continuidad y voluntad política real.
En “hambre cero”, el panorama es igual de elocuente. La desnutrición crónica infantil se ha reducido apenas de 14,4% a 12,1% en diez años, mientras la anemia golpea al 43,7% de niñas y niños de 6 a 35 meses, sin avances significativos en toda la década. Y cuando el informe mira al ámbito rural, a los hogares pobres, a las madres quechua o aimara hablantes con educación primaria o incompleta, las cifras se vuelven aún más duras. La retórica sobre inclusión contrasta con una realidad donde el origen y la lengua siguen marcando el destino.
Incluso en el ODS donde hay progresos —educación de calidad— el país aprueba en cobertura, pero jala en aprendizaje. Más adolescentes terminan primaria y secundaria, pero solo el 18,4% de estudiantes de segundo de secundaria comprende adecuadamente lo que lee y apenas el 11,3% alcanza el nivel satisfactorio en matemáticas. La escuela incluye, pero no necesariamente emancipa.
En igualdad de género y en paz, justicia e instituciones sólidas, el diagnóstico es directo: la violencia sigue siendo estructural. Cuatro de cada diez adolescentes mujeres han sufrido algún tipo de violencia en el último año; casi una de cada cinco estuvo casada o en unión antes de los 18 años. Tres de cada diez adolescentes de 12 a 17 años declaran haber sufrido violencia física o psicológica por parte de quienes viven con ellos, pero solo el 6,7% denuncia. No faltan leyes; sobran miedo, desconfianza e instituciones incapaces de proteger.
Este informe no es un dardo contra un gobierno en particular, sino contra una clase dirigente que ha convertido la inestabilidad en coartada permanente. Humala, Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte: todos están incluidos en esta evaluación. La democracia en crisis ha pasado factura a los más indefensos.
UNICEF y el INEI no solo describen el problema; trazan un mandato: priorizar los ODS 1, 2, 4, 5 y 16 con políticas intersectoriales, enfoque territorial, de género, intercultural y de ciclo de vida. Esa debería ser la base mínima de cualquier agenda electoral seria. Si las próximas campañas vuelven a girar en torno a cálculos de poder y no a estos indicadores, la fotografía de hoy será el espejo del próximo decenio.
Que los candidatos tomen nota: no se gobierna para las encuestas, se gobierna para quienes hoy crecen con hambre, miedo y escasas oportunidades. Si el país vuelve a mirar hacia otro lado, no será por falta de datos, sino por falta de ética.